Contexto
Colombia es un país megadiverso, que alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta -el segundo país del mundo según el Índice Nacional de Biodiversidad- cuenta con 314 tipos diferentes de ecosistemas, 1.327 áreas protegidas (15,2% del territorio nacional), incluidos 59 Parques Nacionales Naturales y 59 reservas forestales (MINCIT, 2020). Sin embargo, a nivel ambiental, el ecosistema seco tropical perdió el 92% de su cobertura original (Aldana-Domínguez et al. 2017), las principales causas fueron la minería, la agricultura, la urbanización, la infraestructura, así como los cultivos ilícitos.
El cambio climático y la globalización plantean desafíos importantes para las comunidades productoras de alimentos, especialmente en los países menos desarrollados. Las producciones industriales en el sector primario no solo aumentan las emisiones de CO2, sino que también provocan efectos negativos en las comunidades rurales al competir con costos de producción más bajos, fomentando los desplazamientos territoriales, aumentando la polarización rural y urbana, y alterando la cultura local y la cohesión social.
Por otro lado, las comunidades rurales en Colombia no solo tienen que enfrentar desafíos de comercialización de sus productos, sino también a menudo otros problemas relacionados con actividades ilegales, acaparamiento de tierras y violencia, que tienden a concentrarse en áreas aisladas y “puntos críticos” ambientales. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en 2021 hubo 134.000 desplazamientos internos, de los cuales el 41% involucró a afrocolombianos e indígenas. Al cierre de 2022, el 10% de la población estaba registrada como Desplazada Interna (PDI), más de 5,2 millones de personas.
Según datos del Informe Regional de Desarrollo Humano (PNUD, 2021), Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, a pesar de que el país, durante las últimas dos décadas, experimentó una tasa de crecimiento promedio de alrededor del 3,5% -por encima el promedio de América Latina. Este fenómeno constituye necesariamente uno de los detonantes de movimientos de protesta social generalizada. La situación de desigualdad y concentración de la riqueza ha llevado a la población a tener una alta percepción de falta de equidad en la prestación de los servicios estatales, exclusión y desconfianza, lo que contribuye al bajo grado de cohesión social, tanto hacia el Estado como entre los conciudadanos (Observatorio de la Democracia, 2021). Estas desigualdades también han perpetuado formas de violencia presentes en el conflicto armado interno, como el desplazamiento forzado y otras violaciones a los derechos humanos.
Los territorios rurales en Colombia no solo muestran índices de pobreza más altos que las áreas urbanas, sino que también presentan condiciones extremadamente peores para todos los grupos vulnerables, especialmente las mujeres. Según el DANE, en Colombia en 2022, las mujeres rurales padecen una mayor tasa de desempleo (15% frente a 6% de los hombres), menor participación en la educación (14% a nivel rural, frente a 34,4% a nivel urbano, para el rango de edad 18 -24) y menor nivel educativo (el 2,9% alcanza un nivel técnico, menos del 2% tiene título universitario, frente al respectivo 10,1% y 7,5% a nivel urbano). Esos fenómenos también están asociados con mayores tasas de embarazo en adolescentes rurales (25%, 1,6 veces la proporción de adolescentes en áreas urbanas).
Considerando a los jóvenes rurales, según el DANE, en Colombia el 28,9% en el rango de 15-16 años tiene un nivel de educación secundaria, respecto al 41,8% en las zonas urbanas: una de las principales causas es que más de 10 % de la población rural tiene acceso solo a la educación primaria básica. Con respecto a la educación superior, el 40,7% de los jóvenes que viven en las capitales tienen títulos superiores, frente al 12,4% en las zonas rurales.
Estrategia
La acción local cuenta con una estrategia de largo plazo, que incluye la participación de diferentes aliados a nivel local e internacional. El objetivo de las acciones es empoderar las comunidades rurales para la creación de nuevas oportunidades de vida que sean generadoras de empleo digno, cohesión social, respeto para la naturaleza, valorización de las culturas locales y paz.
El Plan de Turismo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta (PTS-SNSM), fue creado como un instrumento de liderazgo de las comunidades locales para avanzar hacia una planificación compartida del territorio. Por otro lado, gracias a la cooperación internacional y el apoyo de la Unión Europea, se implementaron actividades de capacitación de las comunidades rurales dentro del proyecto STOREM: el enfoque del proyecto consiguió valorizar las culturas locales, estructurar ofertas turísticas sostenibles y conectar el sector productivo con la cadena de valor del sector turístico. El proyecto SUREST, que comenzará en noviembre de 2023, siempre financiado por la Unión Europea, facilitará las comunidades en la ampliación de las soluciones sostenibles dentro del sector productivo y turístico.
En este contexto, el documental Entre Nubes tiene como objetivo fortalecer el desarrollo rural sostenible en la comunidad fomentando la equidad, la cohesión y la inclusión en el mercado laboral, por medio de la interpretación del territorio por las mismas comunidades locales.
La realización del documental prevé la involucración de la comunidad en unos talleres educativos (en colaboración con el Instituto Técnico Rural local) para el aprendizaje del lenguaje audiovisual y su potencial narrativo, para estimular creatividad, sentido crítico y capacidades de interacción.
En el específico los talleres sensibilizarán al uso de nuevas tecnologías, enseñarán el uso consciente de la red y el respeto por los demás, sin distinción de género.