Asuntos indígenas

Contexto territorial y actividades

La misión de la UPD es apoyar la reintegración cultural de las comunidades indígenas y la recuperación del territorio de reconocida importancia sagrada y cultural. La UPD reconoce la importancia de la administración indígena en sus propios territorios y la necesidad de elaborar estrategias compartidas para lograr los objetivos de las comunidades en contextos sociales y territoriales complejos.

Colombia
Sierra Nevada de Santa Marta
Actividades
Artículos

La actual población colombiana refleja en manera explicita la que fue su historia pasada: las tramas culturales, las conquistas y también las atrocidades subidas son bajo los ojos de cualquier observador atento que vaya por el país. La multiplicidad de los tratos somáticos, de los idiomas y dialectos, de tradiciónes y costumbres dibuja la historia de este país. Sin embargo, solamente en tiempos recientes el Estado colombiano “admite reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (Art. 7 constitución de 1991).

Bajo la etnia indígena se identifican 1.392.623 personas, las cuales constituyen el 3,4 % de la población total. En algunos de los departamentos, la población indígena representa altos porcentajes en respeto a la población total, como en el Departamento de la Guajira (45%), del Cauca (21,5%), y de Nariño (10,8%) (Dane).

En el curso de los siglos pasados, los pertenecientes a los pueblos indígenas del país fueron muy marginalizados y extrometidos de los asuntos políticos, económicos y sociales (Jackson, 2011). Sin embargo, al día de hoy está bastante imposible considerar la población indígena como una realidad estática y marginal; es muy importante, de hecho, considerarla estrechamente relacionada a la que lo indígenas aman llamar “Colombia occidental”. Sus toma de conciencia y participación activa a los asuntos del Estado y se desarrolló en el curso del siglo XX, creciendo en manera exponencial en las ultimas décadas del siglo.

La realidad de las últimas décadas muestra un universo de guerras y conflictos con las cuales las comunidades indígenas tuvieron que enfrentarse. Ellas, de hecho, juntas a la población campesina y la afrocolombiana, fueron los actores sociales más vulnerables e involucradas en los conflictos. No obstante los buenos propósitos de la Constitución de 1991, gracias a la cual los pueblos indígenas vivieron un periodo de optimismo y positividad, en estos años las comunidades indígenas continuaron, y todavía continua, a subir violaciones de derechos humanos, saqueos y despojos territoriales y de recursos (Villa W. e Houghton J., 2005 pp.20).

El 30% del territorio colombiano se encuentra bajo la figura de territorios colectivos con sistemas de manejo y gobernanza propios. Son territorios de gran importancia, por la extensión y variedad de ecosistemas que abarcan. El 53% del territorio continental está cubierto por bosques y de estos más del 50% está bajo manejo colectivo: resguardos indígenas (45,4 %), territorios colectivos de comunidades afrodescendientes (7,3 %) y campesinas (1,9 %).

En las últimas décadas, de hecho, las regiones ocupadas por los grupos étnicos fueron consideradas como zonas estratégicas de disputa, en manera principal por la economía publica y privada, nacional e internacional, en cuanto los territorios conservan la mayor parte de los recursos naturales del país.

“El mapa de los territorios indígenas del país coincide con lo de los grandes proyectos de infraestructura, gracias a su biodiversidad y a la riqueza de la tierra, además que con los territorio de las cultivaciones ilícitas y de la lucha armada” (H. Arcila, Suaréz Morales, 2003, pp.1).La riqueza de los recursos (minerales, petróleo y leña), los cultivos ilegales y la lucha armada de hecho son las principales causas del desplazamiento interno indígena. La agencia del ONU para los refugiados (ACNUR) definí el desplazamiento como un fenómeno que “pone las personas en un alto nivel de vulnerabilidad” (ACNUR).

A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no atraviesan las fronteras internacionales en búsqueda de seguridad y protección, sino que permanecen en su propio País. En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a escapar por los mismos motivos de los refugiados (conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos) con la diferencia que lo desplazados internos permanecen bajo la protección del Gobierno (ACNUR).

Según el Internacional Displacement Monitoring Centre, la mayoría de los desplazados del continente Latinoamericano se encuentra en Colombia: el numero creció mucho en la última década, llegando hasta 5,7 millones de personas (Informe Global 2014: desplazados internos para los conflictos y violencia, 2014). La complejidad de los eventos políticos que caracterizaron el escenario colombiano en las últimas décadas es caracterizada por la presencia de grupos armados, paramilitares y FARC en lucha para el control de las zonas estratégicas.

Estos territorios, además, subieron los eventos ligados a los cultivos ilícitos de plantas de coca y de las instalaciones de laboratorios por parte de narcotraficantes en las zonas limítrofas a las comunidades indígenas. En un primer momento – y en algunos casos también en el día de hoy – el control territorial de los narcos colombianos, non hubo como consecuencia directa el utilizo de mano de obra indígena en la producción de cocaína, sino que del utilizo del conocimiento indígena relativo a los territorios difícilmente manejables para el comercio y el transporte en los países vecinos.

Las áreas de ampliación del Resguardo Kogui-Malayo en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron objeto de masivas urbanizaciones de colonos provenientes del interior del país generando situaciones de conflicto entre campesinos y comunidades indígenas. Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta la década de 1970 se intensificó la llegada de colonos: la tala y quema del bosque fue la costumbre durante cuatro décadas consecutivas, con la intención de “civilizar” la selva para levantar una mejora de pan coger, sembrar marihuana o aprovechar la madera talada. Actualmente se sumó el riesgo de ser tituladas tierras a destino de megaproyectos agroindustriales, mineros, hidrocarburíferos, energéticos, turísticos y farmacéuticos, lo que produciría un grave perjuicio a las prerrogativas culturales de las poblaciones indígenas y al equilibrio medioambiental de la SNSM.

La situación de subdesarrollo económico presente en el territorio afecta toda clase de personas, empeorando las relaciones entre campesinos y poblaciones indígenas y obstaculando las posibilidades de dialogo y colaboración que se necesitan para una pacífica cohabitación en esos lugares.

En este contexto, el bajo nivel de educación y de formación profesional de las comunidades indígenas y campesinas impiden el acceso a los recursos económicos que se están desarrollando en la SNSM, eludiendo de hecho estas comunidades a la administración de su territorio e impidiendo la tutela de sus derechos sociales y culturales. Sin embargo, el crecimiento del sector turístico con destino la SNSM podría constituir un recurso para esas poblaciones, simultáneamente una amenaza para el medioambiente y la identidad cultural de las poblaciones indígenas.

Por lo que se refiere al conflicto armado, las violaciones de derechos territoriales que se verificaron en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta a partir de los años ’80 hasta los días de hoy se pueden resumir en los siguientes puntos:

1) Incursiones y presencia de grupos armados ilegales en los territorios indígenas, a veces seguidos de una fuerte militarización del territorio por parte de las Fuerzas Públicas.

2) Enfrentamientos armados entre grupos ilegales entre, o en el alrededor de los territorios indígenas

3) Ocupación de los lugares sagrados

4) Instalación de bases militares en territorios indígenas

5) Saqueos territoriales por parte de actores con intereses económicos sobre la tierra y sobre los recursos naturales, de propiedad indígena

6) El desarrollo de actividades económicas licitas e ilícitas

7) Fumigación de cultivos ilícitos sin discriminación, o sea también contra cultivos fundamentales a la subsistencia de las comunidades.

Por cuanto conciernen las violaciones de los derechos humanos en respecto a las comunidades indígenas, se pueden en breve resumir en los siguientes puntos:

1) Amenazas individuales y a las comunidades enteras

2) Extorsiones, obligaciones a entregar plata a los grupos ilegales

3) Homicidios de líderes indígenas

4) Reclutamiento forzado de jóvenes indígenas en los grupos ilegales

5) Deplazamiento forzado individual y colectivo

6) Homicidio de enteras familias indígenas

Contexto

La población indigena Wiwa representa una de las cuatro etnias habitantes la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia. En esta zona se encuentran 27 comunidades Wiwa ubicadas en el Resguardo Kogui- Malayo- Arhuaco (territorio de 383.877 hectáreas), mientras que mas a norte del pías las comunidades llegan hasta al departamento de la Guajira y, al interior del pais hasta al departamento del César, formando un numero total de habitantes cercano a las 14.000 unidades. Según información de la Delegación Wiwa del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco (DW), el pueblo Wiwa alojado en la SNSM es constituido por 2.500 personas aproximadamente, mientras el Ministerio de Cultura de Colombia, destaca el hecho que “el grueso de la población corresponde a niños, jóvenes y adultos jóvenes (79% tiene menos de 30 años), mientras que los adultos mayores de 60 años son un número reducido de personas (2%).» Los Wiwas se encuentran asentados en la vertiente suroriental y el norte de la SNSM, en el Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco en propiedades colectivas reconocidas por el estado colombiano en su constitución nacional. Cada comunidad tiene un orden local de Mamos y Sagas, encargados de organizar y dirigir la comunidad para mantener colectivamente el orden territorial, espiritual y el personal. Por medio de esas autoridades tienen relaciones constantes con los otros tres pueblos de la Sierra: Kogui, Arhuaco y Kankuamo para coordinar el cuidado de su territorio.

La economía del pueblo wiwa es mayormente agrícola y se ha visto resquebrajada por los continuos bloqueos a los que han sido sometidos, impidiendo el comercio de los productos sobrantes y la adquisición de productos básicos que no se producen en la comunidad.

La comunidad campesina se distribuye alrededor del resguardo indigena, en la parte baja de la SNSM, y conta aproximadamente de 3.000 personas provienentes especialmente del interior del país (Santander, Boyacá, Tolima y Antioquia). La comunidad es agrocentirca y sufre de instabilidad ocupacional, pobreza y baja escolarizaciòn. Parte de la comunidad està constituida por desplazados que se establecieron en ese territorio, empujados por acciones violentas y amenazas por grupos armados ilegales.

La poblaciòn indigena Wiwa de la SNSM ha sufrido en los ultimos 50 años de un creciente desarraigo, aislamiento causado por el detrimiento o absencia de las comunicaciones y infraestructuras, desplazamiento, crisis alimentaria. Las medidas implementadas por los programas de asistencia alimentaria implantados por el gobierno colombiano no remediaron esta situaciòn, sino que crearon una situación de dependencia alimentaria y aculturación. No obstante, en los ultimos años gracias al esfuerzo de la comunidad entera, el pueblo Wiwa comenzó a recuperar sus tradiciones, idioma, artesanía, cultura y tradiciones inmateriales.

Parte de la comunidad campesina està compuesta de desplazados. La pobreza y falta de capacitaciòn profesional disminuyen las posibilidades de equidad frente al resto de la sociedad, impidiendole el acceso a las oportunidades laborales surgidas por el crecimiento económico.

La problemática de las otras comunidades indígenas reflejan la misma situación.

Las necesidades de la comunidad wiwa de la SNSM y de los beneficiarios se pueden expresar en los siguientes requerimientos: la autonomía en la gestiòn de su territorio natural y la generación de nuevas oportunidades ocupacionales, garantizando su sustentabilidad, la seguridad y sus estilos de vida tradicionales.

Actividades

La UPD comenzó sus actividades de apoyo a la comunidad en 2012 – antes de la misma radicación de la empresa – en colaboración con la facultad de Antropología de la Universidad del Magdalena, con Casa Indígena de Santa Marta y la comunidad Wiwa representada por el mamo Ramon Gil.

El objetivo general de las actividades es fomentar la recuperación de las tradiciones ancestrales y del territorio originario del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para lograrlo, la primera fase de actividad se centra en unos objetivos específicos:

1. Elaboración de una caracterización socio económica del territorio que favorezca el conocimiento de los problemas y de las necesidades de la población Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta;

2. Elaboración de estrategias compartidas con la comunidad para la recuperación cultural y la gestión del territorio ancestral;

3. Elaboración topográfica del territorio para facilitar el reconocimiento de los lugares ancestrales Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta;

4. Organización de eventos y muestras para fomentar la sensibilización social acerca de las temáticas indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

1. Caracterización socio-económica y territorial

Durante la primera fase las actividades se dirigieron hacia el conocimiento de la comunidad y del territorio, para poder luego analizar los problemas y las estrategias junto a la comunidad.

En esa fase se emprendieron estudios antropológicos y socio-económicos que permitieron establecer el contexto en el cual se ejecutarán las acciones de apoyo. En este sentido, se puede afirmar que las áreas de ampliación del Resguardo Kogui-Malayo fueron objeto de masivas urbanizaciones de colonos provenientes del interior del país generando situaciones de conflicto entre campesinos y comunidades indígenas. Actualmente se sumó el riesgo de ser tituladas tierras a destino de megaproyectos agroindustriales, mineros, hidrocarburíferos, energéticos, turísticos y farmacéuticos, lo que produciría un grave perjuicio a las prerrogativas culturales de las poblaciones indígenas y al equilibrio medioambiental de la SNSM.

En este contexto, el bajo nivel de educación y de formación profesional de las comunidades indígenas y campesinas impiden el acceso a los recursos económicos que se están desarrollando en la SNSM, excludiendo de hecho estas comunidades a la administración de su territorio e impidiendo la tutela de sus derechos sociales y culturales. Sin embargo, el crecimiento del sector turístico con destino la SNSM podría constituir un recurso para esas poblaciones, simultáneamente una amenaza para el medioambiente y la identidad cultural de las poblaciones indígenas.

2. Elaboración de estrategias

Durante la segunda fase, varias reuniones y contactos con las autoridades Wiwas permitieron establecer las prioridades de la comunidad y los términos de colaboración con la UPD y las otras instituciones involucradas. En este sentido las autoridades Wiwa indicaron su objetivo prioritario en la recuperación de su territorio ancestral, con prioridad en esos territorios adyacentes a sus asentamientos y en especial aquellos reconocidos de elevada importancia sagrada y cultural.

Para lograr adquirir los territorios, se identificaron 3 posibles soluciones:

1. Aplicación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los territorios donde la comunidad Wiwa sufrió despojo de tierra durante el conflicto armado;

2. Creación de estrategias de generación de ingresos para permitir la adquisición de los territorios ancestrales: identificación de una estrategia de turismo comunitario sostenible que pueda garantizar ingresos económicos a la comunidad en un marco de respeto cultural y ambiental para el territorio involucrado;

3. Aplicación a convocatorias de organizaciones internacionales para el otorgamiento de fondos para la reintegración cultural y territorial de las comunidades indígenas.

Respecto al primer punto, la entidad encargada de gestionar las prácticas para la restitución de tierras es la Unidad de Restitución Tierras, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El proceso de restitución prevé 3 fases: durante la primera fase, que puede durar máximo 4 meses, se recogen datos y pruebas acerca de los despojos violentos durante la época del conflicto; en segunda fase se elabora un proceso judicial para la reparación integral de las víctimas; finalmente, se establece el juicio y se definen las razones y compensaciones.

El proceso de restitución tierras hasta ahora no ha generado resultados positivos para la comunidad Wiwa, debido principalmente a 2 diferentes problemas:

1. Los territorios que la comunidad Wiwa perdió por despojo durante el conflicto armado son limitados, por el hecho que la comunidad ya se había desalojado anteriormente y estaba volviendo a sus territorios ancestrales;

2. El elevado numero de casos de despojos de tierra y los limitados recursos profesionales del estado no permitieron todavía comenzar los estudios para la caracterización del territorio y de la comunidad Wiwa.

La Unidad de Planificación y Desarrollo procedió por su cuenta con la caracterización de la comunidad y dejó disponibles los estudios para que puedan ser de utilidad para la Unidad Restitución Tierras en la elaboración de los informes.

Respecto al segundo punto, junto a la facultad de Antropología de la Universidad del Magdalena y la comunidad Wiwa, se establecieron unas líneas directrices para el desarrollo de una estrategia compartida de turismo sostenible.

1: Crear nuevas oportunidades ocupacionales y de inserción laboral para las poblaciones indigenas e de las comunidades campesinas, garantizando un enfoque de género en todas las fases de elaboración, organización y gestión del proyecto;

2: Fomentar el conocimiento de los mecanismos y la formación profesional en el sector turístico a las poblaciones indígenas e a las comunidades campesinas;

3: Involucrar los otros actores locales favoreciendo la colaboración de diferentes sectores de la sociedad civil del Magdalena para valorizar los recursos medioambientales, de patrimonio histórico y culturales según un enfoque sustentable;

4: Implementar nuevas formas de aprovechamiento turístico sostenible del medio ambiente que favorezcan al mismo tiempo su conservación y su seguridad;

5: Desarrollar procesos de transmisión y replicabilidad de buenas prácticas mediante talleres de participación ciudadana;

6: Ayudar el recupero de la identidad cultural del pueblo Wiwa y favorecer el conocimiento de la cultura indígena fuera de su territorio.

Finalmente, respecto al tercer punto, la UPD procedió en la elaboración de un informe acerca las posibilidades de financiación para la recuperación de tierras por medio de apoyo internacional; los estudios ya ejecutados y las colaboraciones establecidas constituirán la base de las propuestas que se entregarán en futuro.

3. Elaboración Topográfica del territorio

La organización de la comunidad Wiwa estableció la necesidad de mapear sus territorios para poder identificar las prerrogativas territoriales en los procesos de restitución tierras, ampliación del resguardo y planificación sostenible de las actividades que decidirá establecer en sus territorios.

En esta tarea la comunidad está siendo suportada por la Amazon Conservation Team, que colabora con la comunidad para establecer los confines del territorio indígena para la ampliación del resguardo, y la Unidad de Planificación y Desarrollo, que está mapeando los sitios de interés cultural y los antiguos senderos, especialmente en las zonas de Bonda y en las cercanías de la comunidad Wiwa del Encanto – Gotshezhi.

El trabajo topográfico – que se está desarrollando también gracias a la cooperación de voluntarios de la facultad de Antropología de la Universidad del Magdalena y a estudiantes internacionales en sus experiencias de prácticas de campo – permitió identificar largos caminos tradicionales que conectan muchas zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo desde Minca hasta Valledupar.

4. Sensibilización de las temáticas indígenas

En el marco de las acciones de sensibilización la Unidad de Planificación y Desarrollo ha organizado actividades en ámbito nacional e internacional.

A nivel internacional, el contexto de la comunidad Wiwa y de su reintegración cultural fue discutido en la Universidad de Cagliari (Italia) el dia 7 de julio 2016 durante un seminario acerca las experiencias de cooperación internacional de la UPD. En ese evento el director Matteo Bellinzas explicó el contexto del post-conflicto y las actividades de desarrollo mientras que la participación de Alexandra D’Angelo como antropóloga de la UPD facilitó la comprensión de las prerrogativas indígenas en el manejo del territorio ancestral y de su cultura.

El trabajo de campo para la caracterización de la comunidad Wiwa fue objeto de una exposición fotográfica elaborada por Alexandra D’Angelo, que fue expuesta en Lombardia y Sardegna (Italia), contribuyendo en la promoción de las temáticas indígenas al exterior.

La Resistenza di Cali

Publicado en 14 mayo 2021 por Matteo Bellinzas Derechos Humanos

Fonte della foto: Tembolres ONG “Guardia, forza! per la mia razza, per la mia terra!”, è uno dei nuovi slogan simbolo della rivolta sociale riesplosa in Colombia: l’inno della Guardia Indigena del Cauca viene cantato non piú solo a Cali, ma nel resto del paese e a Bogotà. La Guardia Indigena del Cauca (la Minga

(Italiano) Aggiornamento sul Paro Nacional – 8 maggio 2021

Publicado en 8 mayo 2021 por Matteo Bellinzas Derechos Humanos

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Italiano.

(Italiano) Colombia, adesso

Publicado en 5 mayo 2021 por Matteo Bellinzas Derechos Humanos

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Italiano.

Comunidades indígenas presentes en la Región Caribe de Colombia

Departamentos del Atlantico, Bolivar, La Guajira, Magdalena

Aspectos generales

La comunidad indígena Arhuaca habita la vertiente occidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta (junto con los pueblos Kogui, Kankuamo y Wiwa), y viven de la agricultura y la ganadería. Actualmente se reconocen cuatro comunidades Arhuacas, que suman 22.134 personas (11.321 hombres y 10.813 mujeres), ubicadas dos en Santa Marta, otra en Valledupar y la última en Soledad, departamento del Atlántico. El resguardo principal de este pueblo está en Santa Marta desde 1983. Los Arhuacos que no habitan en dichos resguardos están asentados en fincas y haciendas de la región Caribe, en búsqueda de mejores tierras para la agricultura y cría de animales. Estos procesos han generado ciertos impactos en la comunidad, por ejemplo, el mestizaje al que se han enfrentado.

Historia

Ante los procesos de colonización, el pueblo Arhuaco optó, con miras a preservar su espiritualidad como método de resistencia, por recluirse y encontrar refugio en las partes más altas de la Sierra Nevada. Sin embargo, el contacto con la arremetida española produjo ciertos cambios culturales significativos en sus formas de convivir y relacionarse entre sí. El ingreso de la orden religiosa de los Capuchinos en el siglo XVIII tuvo un fuerte impacto en su doctrina. Ahora bien, debido a procesos de reivindicación étnica, el pueblo Arhuaco logró expulsarla en 1980. Esta comunidad ha sido víctima, desde el Siglo XX, de actos violentos por parte de grupos armados ilegales, al igual que de la explotación de sus recursos naturales y el uso a la fuerza de sus corredores estratégicos. Todo ello ha implicado una fuerte desintegración cultural del pueblo, manifestada en el debilitamiento de sus prácticas culturales y el detrimento de la espiritualidad. Sin embargo, la constante lucha por la protección y reivindicación de la Sierra Nevada ha permitido que se adelante una relación de cooperación con los otros pueblos indígenas con quienes comparte el territorio, facilitando la permanencia en sus tierras sagradas.

Riesgos de protección

Después de sus vecinos los Kankuamos, la comunidad Arhuaca es el pueblo indígena más abatido por el conflicto armado colombiano. Entre el año 2003 y 2008, 12 miembros del grupo indígena fueron asesinados, 2 fueron desaparecidos, 2 fueron utilizados como escudo humano y 2 más sufrieron lesiones personales. Igualmente, 2,509 indígenas fueron víctimas del desplazamiento forzado en el mismo período, la mayoría proveniente de Valledupar (1,128 desplazados), Riohacha (664 indígenas), Pueblo Bello (319 personas) y Santa Marta (282 desplazados).

Fortalezas

La comunidad ha adelantado procesos de fortalecimiento organizativo y cultural, hecho que les ha garantizado cierta seguridad y autonomía. Sin embargo, la presencia de distintos actores como las iglesias evangélicas, actores armados ilegales, entre otros, ha resquebrajado la unión de miembros del pueblo Arhuaco y han desestabilizado sus modos organizativos institucionales. De ahí, la importancia de hacer hincapié en la capacidad de asociación entre las comunidades indígenas con el objetivo de preservar lo más sagrado de su cultura, ya sea material, físico o espiritual.

Aspectos generales

El pueblo Kankuamo, compuesto por 12.714 personas (6.182 hombres y 6.532 mujeres), junto con las comunidades indígenas Kogui, Arhuaco y Wiwa, habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Resguardo Indígena Kankuamo en la vertiente oriental de la Sierra, entre los ríos Badillo y Guatapurí, departamento del Cesar. Algunos indígenas kankuamos están asentados en el Resguardo de Valledupar.

Historia

Previo a la época de colonización, el pueblo Kankuamo compartía el territorio, la cosmología y cultura con otras comunidades indígenas. No obstante, su ubicación geográfica fue un atractivo para las instituciones españolas, lo cual implicó relaciones de poder y culturales desiguales. Ello dio como resultado, desde el Siglo XIX, el debilitamiento de usos y costumbres (por ejemplo el vestido tradicional y su lengua casi extinta). De los pueblos indígenas existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Kankuamo son los únicos que no conservan su lengua ancestral (Kakachuka o Kakatutukua o Atanques), salvo algunos vocablos que alternan con el español. En el Siglo XX, se dio un quiebre entre la comunidad Kankuama cuando los indígenas de la parte más alta de la Sierra se adhirieron al Partido Liberal y a las iglesias protestantes. Por esa razón, la tierra kankuama no fue reconocida durante las décadas de los 70 y 80 como territorio indígena sino como un pueblo campesino. Sin embargo, en los años 90 iniciaron un proceso de reconstrucción étnica y territorial que les permitiese crear su resguardo. En el 2002, ad portas de obtener la autorización del Incora, ocurre la masacre de La Mina, que implicó la postergación del resguardo hasta el 2003. Su economía se basa en el cultivo individual (en las tierras bajas siembran plátano, banano y algunas frutas; en las tierras altas, papa y cebolla) y en la cría de animales (gallinas y cerdos) con fines comerciales, al igual que la venta de mochilas tejidas por las mujeres.

Riesgos de protección

Entre 1995 y 2008, el pueblo Kankuamo fue víctima de la confrontación armada en el país, lo que dejó 190 indígenas asesinados y 400 familias desarraigadas de su territorio y forzadas a huir hacia centros urbanos y otras áreas de la Sierra. Esto produjo la desaparición parcial de comunidades como las de Rioseco y Murillo. El régimen del terror impuesto, la insuficiencia territorial y la implementación de medidas que impedían la reproducción material e inmaterial de su cultura y el afianzamiento de su autonomía y gobierno, alertó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que adoptase medidas provisionales de protección en el 2004.

Fortalezas

Se han llevado a cabo procesos de memoria y recuperación de las tradiciones con miras a fortalecer a la comunidad Kankuama, al igual que procesos de atención y retorno para la población desplazada. En el 2004 regresaron 46 familias (202 personas) a Río Seco y, en diciembre del 2006, 26 familias (143 personas) a Murillo. El retorno se completó con proyectos de seguridad alimentaria, mejoramiento de viviendas y de distritos de riego. Del mismo modo, de acuerdo con su Plan de Vida, la comunidad indígena Kankuama le apuesta a la revitalización de la cultura mediante la participación activa en proyectos, en colaboración con el Estado. El pueblo, al integrarse a la Onic, creó la OIK en 1993 con el primer Cabildo Gobernador obteniendo reconocimiento como indígenas en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia.

Aspectos generales

Habitan en la cuesta norte y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, esencialmente en Guatapurí, en lo correspondiente a Maruámake del resguardo Arhuaco de la Sierra, departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, y tienen presencia en las zonas altas de los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación en el departamento de Magdalena, Pueblo Bello y Valledupar en Cesar y Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar en La Guajira. Esto no significa que no haya miembros del pueblo Kogui en otros territorios. Se estima que hay 9,111 personas. Los Kogui son la comunidad más tradicional y con menor contacto con el resto de sociedad que existe en la Sierra Nevada de Santa Marta. Viven del cultivo de papa, yuca, malanga, batata, maíz, fríjol, plátano y caña de azúcar (panela); cría de animales domésticos, pesca y caza (en escala pequeña).

Historia

A pesar de que no hay registros específicos de la historia de los Kogui, la época de la conquista y evangelización implicó la aparición temprana del fenómeno del desplazamiento forzado hacia varios territorios de la Sierra, donde tuvieron que implementar métodos diversos de adaptación y alianzas para sobrevivir. Finalmente, el pueblo Kogui ha logrado mantenerse fiel a su cultura, a pesar de las constantes represiones y amenazas tanto de actores armados ilegales como del capitalismo occidental que intenta homogeneizarlos.

Riesgos de protección

La presencia de cultivos ilícitos ha exacerbado la violencia en el territorio sagrado de los Kogui y demás comunidades indígenas con las que comparte la Sierra. Entre el año 2005 y 2007, a pesar de las fluctuaciones en la presencia de cultivos, el hecho de que estuviesen allí implicaba la presencia de grupos armados al margen de la ley luchando por obtener el control territorial y social. Ello ha ocasionado que se hagan constantes las acciones de hostigamiento, homicidios, masacres, secuestros, desplazamiento forzado, implantación de minas antipersonales, instalación de laboratorios de narcóticos, de campamentos subversivos (para el resguardo de los miembros de los grupos armados ilegales y secuestrados), caletas de armas, fosas comunes (especialmente en el 2006), entre otros actos que atentan contra la permanencia de los Kogui en el territorio y la preservación de su cultura. En el 2004 fue asesinado un miembro de la comunidad Kogui y 11 familias fueron expulsadas de sus asentamientos. En el 2005 fueron secuestrados dos indígenas y las organizaciones denunciaron la desaparición de un líder comunitario; en el 2006 murieron dos indígenas por minas antipersonal, y en el 2008 empezó el desplazamiento de familias enteras desde el corregimiento de Ciénaga por causa de hostigamientos y reclutamiento forzado.

Aspectos generales

El pueblo Wiwa, compuesto por 13.627 personas (49,6% mujeres y 50,4% hombres), es una de las cuatro comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los Kogui, Kankuamo y Arhuaco, con quienes mantiene una relación interétnica fuerte de solidaridad. Se encuentra asentado en la vertiente suroriental y norte de la Sierra, específicamente en el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco ubicado en la cuenca media-alta del río Ranchería y los cursos superiores de los ríos Badillo y Cesar. Otros miembros de esta comunidad se encuentran en la Serranía del Perijá, municipio de Becerril, en el departamento de Cesar, en el municipio de Dibulla, San Juan del Cesar, y Riohacha, La Guajira. La base de su economía es el cultivo de maíz, yuca, plátano, arracacha, guineo, entre otros.

Historia

La historia de los Wiwa se ha caracterizado por largos periodos de violencia, trayendo como consecuencia la desintegración social y desplazamiento de su territorio. Por tanto, se han asentado en centros urbanos del Cesar y la Guajira, la mayoría de sus miembros son sobrevivientes de las masacres de El Limón, Córdoba (2002); Potrerito, Valle del Cauca (2003); Las Mercedes, Cesar (2003) y La Laguna, Magdalena (2003). La presencia del pueblo Wiwa en los centros urbanos del Cesar y la Guajira ha enriquecido culturalmente la zona. Han implementado medidas propias de reconstrucción social y material de su pueblo y autoridad política y religiosa. Ello se evidencia en su modo de vida regida según el principio espiritual de la existencia de la Ley de Origen, por lo cual mantienen una relación sensible con la tierra. Damana es su lengua nativa, pertenece a la rama lingüística Chibcha. Aunque no ha sido estudiado a profundidad por la antropología del país, el pueblo Wiwa posee un conocimiento cultural digno de reconocimiento.

Riesgos de protección

La coyuntura actual del pueblo Wiwa comprende la resistencia a la presencia de grupos armados ilegales y a las multinacionales que, sin consulta previa, exploran su territorio para llevar a cabo proyectos que van en detrimento de su cultura y estabilidad territorial. Por tanto, y ante las amenazas y violencia contra el pueblo, piden al gobierno implementar medidas de protección tanto para sus líderes y lideresas como para la comunidad Wiwa en general. Según el Diagnóstico de Derecho Humanos, en el año 2001 fueron asesinados 7 indígenas de la comunidad, entre ellos el líder de la organización GonawinduaTayrona. En el 2002, el ataque de un grupo armado ilegal dejó 12 muertos, 150 personas desplazadas de la vereda El Limón (corregimiento Las Palmas, municipio de Riohacha) y un territorio saqueado e incendiado. Durante los años 2003 y 2008, el pueblo Wiwa fue víctima de 12 homicidios, en Becerril (Cesar) y San Juan del Cesar, el desplazamiento forzado de 4,058 indígenas (1,195 de San Juan del Cesar, 1,111 de Valledupar, 727 de Dibulla, 660 de Riohacha, 282 de Santa Marta y 83 de Becerril) debido a los incesantes enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.

Fortalezas

Frente a la violencia sufrida, la comunidad Wiwa se organizó y trabajó con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para exigirle al Estado colombiano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la creación e implementación de medidas cautelares que tuvieran como objetivo la protección, asistencia humanitaria e inclusión de la comunidad indígena Wiwa desplazada y en riesgo dentro de la toma de decisiones. Recientemente, el desarrollo de megaproyectos dentro de su territorio, como la construcción de la represa El Cercado sobre el río Ranchería y el Distrito de Riego, ha generado el descontento del pueblo Wiwa, principalmente, por el desequilibrio territorial causado por intereses económicos de las industrias y por el incremento de la presencia de actores armados ilegales en la zona.

Aspectos generales

Se localizan en el municipio de San Ángel, en las llanuras centrales de los Departamentos de Magdalena y Cesar. La población Chimila estaba conformada por 910 personas, de las cuales 908 se encontraban en el área rural y tan sólo 2 en el área urbana del municipio de Sabanas de San Ángel en el Magdalena. Por conflictos internos y la presencia de actores armados ilegales, un grupo de esta etnia debió migrar a Santa Marta. [1]

Historia

Hasta antes de la colonización por parte de la Corona Española, el pueblo Chimila estaba distribuido en una vasta porción de la región Caribe, en territorios que en la actualidad se conocen como parte de los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar. “A la llegada de los españoles, el pueblo Chimila ocupaba grandes extensiones (…) Hoy en día, la etnia se encuentra prácticamente reducida a un territorio marginal”.[2] En cuanto a la organización política, en el pasado, la autoridad en los diversos grupos locales estaba representada por el cacique, que a su vez tenía la función de sacerdote (o chamán) en ocasiones determinadas.

Riesgos de Protección

El resguardo Chimila y sus dos más importantes asentamientos se encuentran ubicados en una región con fuerte presencia de los grupos armados ilegales, relacionada con el control de las vías principales y corredores estratégicos de la región del Ariguaní. A finales del 2007, 417 personas fueron desplazadas por amenazas. Uno de los aspectos que llama la atención sobre los Chimila es la poca información que existe sobre su distribución en el territorio.[3]

Fortalezas

Aunque la falta de un territorio común fue una de las condiciones que llevó a los Chimila al borde de la extinción, el establecimiento de un resguardo les ha permitido reconstruir aspectos de su identidad como su lengua, la medicina tradicional, su comprensión de mundo, su cultura y la reconstrucción de sus relaciones familiares

Aspectos generales

El pueblo Wayúu está compuesto por 270.413 personas que se reconocen como tal, siendo el 48,88% hombres (132.180) y el 51,12% mujeres (138.233). Habitan en el departamento de la Guajira -alta, media y baja – (98,03% de la población total), Cesar (0,48%) y Magdalena (0,42%), especialmente en los municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha. Del mismo modo, la comunidad indígena Wayúu se encuentra en el estado de Zulia en Venezuela. Es la étnia indígena más numerosa en la Guajira (48% de la población). La base de la economía Wayúu se basa en la pesca artesanal y el pastoreo, mezclándolo con la cría de ganado vacuno y caprino y la horticultura de maíz, fríjol, yuca, auyama, pepinos, melones y patilla, y la caza e intercambio de chivos, actividad que tiene un significado cultural arraigado.

Historia

Previo al contacto con los españoles, los Wayúu se organizaban en clanes (hecho que se mantiene de distintas formas actualmente), tenían altos grados de nomadismo y como base de su economía tenían la pesca y la caza. No obstante, al implantarse los procesos de colonización, el pueblo indígena adoptó el pastoreo y se asentaba por largos periodos en un solo lugar. Con el tiempo, incluyeron el comercio como modo de obtener bienes y forma de relación con otras culturas. Ello, sumado a las luchas de poder territorial, trajo como consecuencia que se quebrantara el pueblo. A pesar de las misiones católicas presentes en el territorio, la cultura Wayúu se pudo mantener fuerte a lo largo de los años y es una de las culturas más fuertes actualmente en el territorio colombiano.

Riesgos de protección

La coyuntura actual del pueblo Wayúu se caracteriza por la escasez de agua (generando enfermedades e infecciones), la explotación de sus recursos naturales desde la década de los 80, dada por la explotación petrolera, las minas de carbón del Cerrejón y el puerto marítimo de la Alta Guajira. Ello genera dependencia laboral hacia estas actividades. Del mismo modo, la lucha por el control territorial con actores armados ilegales diversos ha manchado la historia de la comunidad Wayúu con la violencia propia del conflicto. Han sido víctimas de masacres, desplazamiento forzado, torturas, amenazas, desapariciones forzosas, señalamientos, homicidios selectivos y múltiples y destrucción de bienes. Entre 2003 y 2008 fueron asesinados 37 miembros de la comunidad Wayúu, especialmente en Maicao, Uribia y Riohacha. En la masacre de Bahía Portete en el 2004 fueron asesinadas 4 personas y desaparecidas 12, mayoritariamente mujeres líderes comunitarias. Eso provocó que los Wayúu se tuvieran que desplazar hacia otras partes del departamento guajiro y a Venezuela. Posteriormente, fueron atacadas algunas mujeres sobrevivientes de la masacre y otros indígenas más del pueblo Wayúu.

Fortalezas

Ante la gravedad de los ataques contra la comunidad Wayúu, lideresas de la comunidad pidieron ante el CIDH la intervención en la situación, por lo cual la Corte instó al gobierno colombiano la adopción de medidas cautelares que garanticen la justicia, la vida e integridad física de las mujeres peticionarias. Consecuentemente, el grupo peticionario se ha ido agrandando para cobijar a más víctimas del conflicto armado que hacen parte del pueblo Wayúu. Grandes reclamos ha hecho esta comunidad ante la sociedad, haciendo escuchar sus voces de modo pacífico en eventos relacionados con su situación (por ejemplo, el lanzamiento del informe del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR sobre la masacre de Bahía Portete)

Aspectos generales

Su población se estima en 24825 individuos. Se encuentran dispersos en varios departamentos del país. La mayor concentración de población de este pueblo indígena, la encontramos en el municipio de Solano – Caquetá con un total de 534 indígenas, seguido del municipio de Turbará – Atlantico con un total de 5797 personas. La principal actividad productiva del pueblo Mokaná se concentra en la horticultura, la que combina con la crianza de animales domésticos. Se cultiva plátano, yuca, fríjol, ñame, cacao, malanga, entre otros. Es frecuente que el indígena se emplee como asalariado en fincas.

Historia

Pedro de Heredia dio las primeras referencias sobre este grupo a principios del siglo XVI, describiéndolos como agricultores y pescadores. Algunos estudios etnográficos clásicos situaban su origen en el grupo Caribe habitante de las regiones venezolanas de Maracapana y Caracas. A finales del año 2001 el gobernador del grupo y otras autoridades del cabildo emprendieron un viaje a los archivos históricos de España, con el fin de encontrar los documentos que les permitan recuperar las tierras de los antiguos resguardos que ocupaban. Históricamente, se tienen noticias de la existencia del Resguardo de Tubará, cuyo título colonial data del 3 de febrero de 1886. El resguardo fue declarado extinguido el 31 de diciembre del mismo año. Los mokaná habitan actualmente en jurisdicción del municipio de Tubará, departamento del Atlántico. Se dividen en 16 comunidades cada una con un cabildo gobernador. Dentro de su organización política además del cabildo, las decisiones de la comunidad se toman en el Consejo de Ancianos conformado por 200 miembros.

Riesgos de proteción y Fortalezas

Cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición: Desafortunadamente, el pueblo Mokaná experimentó un fuerte proceso de aculturación que los llevó casi a la desaparición. Ese proceso hizo que sus principales elementos culturales se pedieran. En la actualidad algunos pobladores luchan por tratar de recuperar algunas de las tradiciones y concepciones del mundo, en un proceso que busca que la comunidad vuelva a tener un sentido indígena. Presenta una estructura que ha incorporado los elementos tradicionales de la casa occidental. Desde esa perspectiva, la vivienda presenta una forma de escuadra, con cuartos y cocinas completamente independientes y paredes en material. El pueblo Mokaná hace parte de un proceso de reorganización de comunidades que se consideraban extintas. Se ubican en la zona rural del municipio de Tubará, departamento del Atlántico.

Aspectos generales

El pueblo Inga está compuesto por 15,450 indígenas, entre ellos 7,725 son hombres y 7,725 son mujeres. La mayoría de ellos, el 62,4%, habita en el departamento de Putumayo, especialmente en el Valle del Sibundoy, a 2,200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, pueden encontrarse miembros de la comunidad Inga en Nariño (16,6%), en el Cauca (4,4%), y en zonas urbanas de Bogotá y Cali. Esta etnia tiene un espíritu comerciante y una tradición viajera, actividad que se ha potenciado gracias a los avances tecnológicos. Son reconocidos principalmente por su habilidad para las artesanías, sus conocimientos chamánicos, poderes curativos y alto nomadismo.

Historia

La comunidad indígena Inga proviene del imperio Inca, pueblo que tenía como función la avanzada militar y resguardo de las fronteras con el fin de impedir la sublevación de las comunidades ya sometidas al imperio. Así, luego de someter a los Camsá y evitar la resistencia de los indígenas Kwaiker de Nariño, llegan al Valle de Sibundoy donde permanecen aislados de los demás pueblos quechua hasta la segunda mitad del Siglo XIX. En la época de la colonia (1538) se desplazaron a los departamentos de Nariño y Caquetá, donde fue impactada su cultura debido a las misiones capuchinas. Durante los años 30, la guerra contra Perú y la colonización militar permitieron que el pueblo Inga migrara hacia zonas urbanas y que aproximadamente mil indígenas del Alto Putumayo se encaminaran hacia pueblos vecinos. En la década de los 90, iniciaron un proceso de organización para conseguir territorios para sus resguardos, defender la tierra de conflictos e invasiones, e impulsaron iniciativas de etnoeducación y producción agrícola. Es un pueblo que ha desarrollado procesos de interculturalidad con otras comunidades indígenas, y, a pesar de su espíritu viajero, mantienen un vínculo afectivo fuerte con su lugar de origen. Tal nomadismo les ha permitido a los indígenas Inga tener un conocimiento amplio de las plantas y su uso para la medicina tradicional. Por ello, se les atribuye el uso de la planta yagé, utilizada para rituales espirituales y curaciones de diversas enfermedades.

Riesgos de Protección

El pueblo Inga está enfrentado a diversas presiones por los derechosterritoriales,tantopor la propiedad comopor su explotación. Del mismo modo, la presencia de grupos armados al margen de la ley y la consolidación y expansión de cultivos ilícitos ha puesto a los indígenas, especialmente a la población joven, en alta vulnerabilidad. Entre los años 2000 y 2008, el pueblo Inga fue víctima de 16 homicidios, 7 de ellos en Putumayo. La mayoría de los ataques contra la comunidad Inga están enfocados a líderes comunitarios; por ejemplo, en el 2004 fue asesinada la gobernadora de la comunidad de Alpamanga, municipio de Puerto Guzmán, principal opositora a los grupos armados ilegales. El Valle de Sibundoy es, para los grupos armados ilegales, una localización estratégica que permite la movilidad entre el Ecuador, la Orinoquía, el Macizo colombiano y el Pacífico caucano y nariñense. De esta forma, se manifiesta la violencia contra el pueblo Inga, produciendo entre el 2001 y 2003 el registro de desplazamiento más grande de Ingas con 800 indígenas desarraigados en los primeros meses de 2001 hacia zonas urbanas como Bogotá.

Fortalezas

Gracias el proceso organizativo del pueblo, los Inga han podido incidir política y socialmente en la región y las zonas urbanas donde se están asentados. Su tradición comerciante y viajera les ha permitido tener un reconocimiento y visibilidad cultural, especialmente por su producción artesanal, como pinturas, y de medicinas tradicionales, por ejemplo la circulación del yagé en zonas no indígenas.

Aspectos generales

La población estimada alcanza las 233.052 personas auto-reconocidas como pertenecientes al pueblo Zenú, de las cuales el 51,6% son hombres (120.181 personas) y el 48,4% mujeres (112.871 personas). Este pueblo se localiza en los resguardos de San Andrés de Sotavento (departamento de Córdoba) y en el Volado (en el Urabá Antioqueño). Hay numerosos asentamientos y parcialidades en los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar. La población Zenú que habita en zonas urbanas corresponde al 34,1% (79.402 personas).

2. Historia

La cultura Senú se destacaba por su excelente manejo de la ingeniería hidráulica, como lo evidencia un sistema eficiente de canales que por casi dos mil años llegó a cubrir 600.000 hectáreas. Su extensa red de canales artificiales en las zonas inundables de los Ríos San Jorge, Sinú, Cauca y Magdalena, permitió controlar el régimen de inundaciones.. A partir del siglo XIX, la dinámica económica y social de la zona se caracterizó por la llegada de las misiones, el surgimiento de grandes haciendas ganaderas y sucesivas explotaciones de recursos en el territorio indígena. [2]

3. Riesgos de protección

La principal problemática considerada por el pueblo Zenú es la pérdida de su lengua. Por otro lado, el hacinamiento territorial, consecuencia del despojo de tierras causado por años, no les permite el desempeño adecuado de la agricultura propia, como también otras actividades culturales. Según las estadísticas reportadas por la Agencia Presidencial para la Acción Social, durante el periodo 2003-2008 se desplazaron en la región de los Zenú 35.772 personas. En un ejercicio de una comparación departamental, la situación en materia de desplazamiento forzado de los indígenas Zenú ubicados en los municipios del departamento de Córdoba es crítica.

En efecto, los municipios que hacen parte de la región de los Zenú en el departamento de Córdoba concentraron el 45% (18.469) del total de personas desplazadas en ese departamento durante el periodo 2003-2008 (41.277). En los municipios sucreños de la región de los Zenú se desplazaron por expulsión 8.495 personas, lo que representa el 23% del total departamental en el mismo período (36.488).[3]

4. Fortalezas

La organización interna del pueblo Zenú es la base para la incidencia y visibilización de su situación, pues su sistema tradicional constituye uno de los mejores mecanismos de participación en los escenarios regionales y nacionales, ya que el ejercicio aplicativo de la justicia configura un aspecto relevante de este pueblo frente al resto de sociedad. Las apuestas inmediatas que se evidencian en la agenda programática del pueblo Zenú están relacionadas con la recuperación de territorio, el establecimiento de cultivos propios, el ejercicio tradicional de caza y pesca, y la ejecución de proyectos autosostenibles que garanticen la inserción de las personas en las labores típicas, para así mejorar las condiciones alimenticias.

Aspectos generales

29.094 personas se autoreconocen como Emberá Chamí: 50,2% son hombres (14.609) y 49,8% mujeres (14.485). Esta comunidad se encuentra asentada en los departamentos de Risaralda- cercanías del alto río San Juan en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico- (55,1% -16.023 personas); Caldas (24,8% -7.209 personas) y Antioquia- Resguardo indígena de Cristinía- (7,3% -2.111 personas). Otras personas están localizadas en los asentamientos en Quindío, Valle del Cauca, en el curso de los ríos Sanquinini y Garrapatas, específicamente en los municipios de Dovio y Bolívar, y en Caquetá. Su economía se basa principalmente en la agricultura, la caza y la pesca.

Historia

El pueblo Emberá (que era en la época prehispánica una sola comunidad) fue fraccionado debido a los procesos de la conquista y colonia, dinámicas comprendidas por misiones evangélicas y reclamos de tierra, haciendo que las comunidades se dispersaran en disímiles territorios con distintos modos de desarrollo. Ello implicó diferentes modos de relacionarse con la tierra y con las poblaciones donde se albergaron. A pesar de ello, mantienen unidad culturalmente, conservando elementos étnicos como el idioma, el jaibanismo, la tradición oral, la organización social y la política de modo regional.

Riesgos de protección

Actualmente, el pueblo Emberá-Chamí se encuentra flagelado por el conflicto armado del país. Existe presencia de grupos armados ilegales en los departamentos donde residen, lo que ha generado desplazamiento forzado, altas tasas de homicidios, masacres, amenazas y combates en su territorio. Entre los años 2003 (año en el que el grupo indígena Emberá- Chamí se organizó políticamente y ganaron elecciones para la alcaldía en Riosucio) y 2008, vivieron algo más de 780 homicidios, especialmente en Mistrató (donde fueron reportados 185 homicidios solamente en el 2003) y en el municipio de Riosucio perpetrados por los grupos armados al margen de la ley que buscaban afianzar lealtades en el territorio. La concentración de homicidios en la zona se debe a que ésta es un corredor significativo que conecta al centro del país con la cuenca del Pacífico y el suroccidente colombiano con Antioquia, por la vía Panamericana, lo que lo convierte en un territorio estratégico para el tráfico de armas y estupefacientes. Del mismo modo, fueron víctimas de 47 secuestros en los municipios de Supía y Riosucio, Caldas, y en Quinchía, Risaralda. Por esto, 1,707 indígenas se desplazaron forzadamente. Por otro lado, el contacto con la cultura occidental ha ocasionado la opresión de su pensamiento, homogenizando su cultura y menoscabando su conocimiento, costumbres, dinámicas y usos de la naturaleza. De esta forma, se hace notoria la migración colectiva o individual a las cabeceras municipales y capitales del país (Cali, Medellín y Bogotá) que trae como consecuencia la mendicidad y la incursión en labores distintas a su cultura Emberá.

Fortalezas

Por las denuncias y reclamos de la comunidad Emberá- Chamí relacionados con la protección y garantía de sus derechos, desde el 2002 la CIDH ha instado medidas cautelares a favor de miembros del grupo indígena.