Los nuevos desafíos del proceso de paz en Colombia
Por Matteo Bellinzas, Santa Marta, 29 octubre 2017
Tras décadas de conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz con las FARC, Colombia se encuentra en una época crucial para su futuro. Sin embargo, el proceso de normalización está enfrentando múltiples problemas que afectan tanto la percepción que la comunidad internacional hubo de este proceso, cuanto la aplicación y el verdadero desarrollo del mismo en el campo y en la vida civil. El optimismo inicial, debido al pasaje histórico a la Jurisdición Especial para la Paz y el Proceso de Paz y Justicia Transicional, se ha enfrentado a la realidad del contexto colombiano que pone a la luz diferentes matrices de violencia, muchas de las cuales revelan la parcialidad de las responsabilidad de las FARC en los crímenes territoriales, avalorando las opiniones de cuantos afirmaban la corresponsabilidad del conflicto a los grupos paramilitares de extrema derecha.
La salida de los guerrilleros de las FARC de sus territorios dejó campo abierto a nuevos grupos armados al margen de la ley, en búsqueda de nuevas fuentes de aprovechamiento para sus intereses criminales: los viejos grupos paramilitares de extrema derecha, ahora desmovilizados y reorganizados en grupos más pequeños llamados BACRIM (bandas criminales), están tomando control de las zonas rurales para la producción de coca, la cual se ha disparado a niveles alarmantes con respecto a las dinámicas de los años pasados y favoreciendo la producción de cocaína (+42% en cultivaciones de coca y +60% en producción de cocaína en 2015, con expectativas de fuerte crecimiento en 2016 y 2017 – datos todavía no elaborados) [fuentes: 1, 2; lea mas en 3]. Este proceso de recrudecimiento del narcotráfico va directo en contra de cuanto el Gobierno se propuso hacer – apoyado por la comunidad internacional – para el nuevo rumbo de desarrollo del País.
Las primeras víctimas de este recrudecimiento son los campesinos y los líderes sociales en las zonas más afectadas por el conflicto armado: Cauca, Guaviare, Nariño, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander. Aunque los conflictos entre FARC y las fuerzas nacionales cesaron, la violencia se disparó, 56 líderes sociales fueron asesinados desde el comienzo del año[4], dejando las comunidades indígenas y campesinas a la merced de los nuevos patrones del narcotráfico.
El proceso de substitución de los cultivos de coca se vio afectado de igual manera: las constantes amenazas de las Bacrim impiden el desarrollo de este proceso y los intentos de las comunidades campesinas no reciben bastante apoyo y protección por parte del estado. Las movilizaciones rurales para pedir respuestas por parte del gobierno se están intensificando en estos días, sin embargo la situación entre comunidades campesinas e indígenas y las fuerzas del estado es ambigua: en Tumaco, (poco mas de 200.000 personas, 147 muertes violentas en 2016) en el departamento de Nariño, 6 civiles fueron asesinados por parte de la Fuerza Pública en medio de una protesta cocalera [para más informaciones 5].
El contexto del narcotráfico se ha evolucionado en la última década: el comercio ilegal aprovecha de nuevas alianzas entre los carteles mexicanos y los productores colombianos para la exportación hacia Estados Unidos. Grupos armados ilegales mexicanos entraron en territorios colombianos, especialmente en Nariño, para garantizar el control y aprovechamiento de los campos de coca y de los laboratorios para la producción, transformando el territorio en zona de alto riesgo. Según la Policía Nacional, minas antipersonales fueron encontradas a lo largo de los cultivos ilegales durante las actividades de erradicación forzosa, hombres armados con evidente acento mexicano mandan los campesinos estableciendo las cantidades de producción y el precio de las cosechas[6, 7, 8].
La situación requiere una movilización de recursos e interés que Colombia sola no puede garantizar, ni las fuerzas armadas nacionales tienen todavía una presencia adecuada en el territorio, lo que puede generar situaciones excepcionales de enfrentamiento entre comunidades y policía como el pasado 5 de octubre en Tumaco. Es imprescindible el apoyo de la comunidad internacional para solucionar un problema de carácter transnacional que afecta el comercio de sustancias ilegales a nivel mundial y el proceso de paz en Colombia. Sin embargo las modalidades de intervención deben todavía ser establecidas, porqué la simple ayuda financiaría no parece ser la solución.
Por otro lado, en los departamentos donde el conflicto para el narcotráfico se estancó, todavía el desarrollo económico y social impulsado por la paz no ha despegado. En la costa Caribe de Colombia, interesada por múltiples corredores del narcotráfico, se buscan nuevas formas de ingresos económicos que puedan contrarrestar los intereses de las bacrim, proponiendo alternativas económicas a las comunidades y alejando la posibilidad de reclutamiento en esas organizaciones. Las actividades relacionadas, apoyadas por la comunidad internacional, sufren de la extrema corrupción y de las incertidumbres generadas por administraciones carentes en profesionalización. Los planes de ordenamiento territoriales (POT) están atrasados en muchos municipios, los análisis comunitarios contextuales para los programas de apoyo a las víctimas y restitución de tierras sufren de la falta de personal, las necesidades causadas por hechos no reconducibles directamente al conflicto no son tratadas, el cumplimiento de los acuerdos pactados para la mejora social y económica siguen a un nivel inicial.
La Guajira, el Magdalena y Bolivar, cuya capital Cartagena genera el mayor flujo de turismo a nivel nacional, sufren de problemas profundos en términos de pobreza y pobreza extrema, falta de servicios básicos y baja inserción escolar entre otros. El departamento del Atlántico sin embargo parece crecer debido a la industria de su capital, Barranquilla, el verdadero centro económico de la costa.
La desaceleración de la economía global al fin produjo efectos también en la prometedora economía colombiana: la caída del precio del petróleo estancó las inversiones – muy relevantes en el norte y la costa – atascando el verdadero propulsor de las exportaciones nacionales, lo que limitó los ingresos gubernamentales para los planes de intervención. Todo el contexto social para el desarrollo se vió afectado: los recortes en la educación pública son los primeros indicadores del balance financiero limitado.
Es relevante notar que la comunidad internacional puede de manera más impactante fortalecer el desarrollo donde el conflicto ya terminó, mientras que en los territorios interesados por la violencia contra las comunidades campesinas e indígenas, todavía se requiere un gran esfuerzo para la transición hacia una situación de paz verdadera que sea precursora del desarrollo social y económico necesario.
En este sentido, focalizando el discurso al desarrollo económico sostenible, parece imperativo dirigir la ayuda internacional hacia temáticas estratégicas que puedan impulsar el desarrollo económico y social: financiaciones de nuevas colaboraciones académicas entre universidades colombianas y del exterior, apoyo a sectores prometedores como el turismo sostenible, mejoramiento del sector rural tradicional, intervenciones en servicios básicos e infraestructuras. Acciones que necesitan ser enfocadas hacia los territorios que consiguieron estabilizar su situación civil, para no desgastar recursos en planes de desarrollo sostenible donde las violencias arrasan la sostenibilidad y se sigue viviendo del dia a dia.
Para lo que se refiere a los territorios todavía atormentados por la violencia del narcotráfico, se necesita de un igual esfuerzo en temas diferentes: colaboraciones militares para el control del territorio y de las costas, apoyo a la desminación, presencia de observadores internacionales para garantizar la seguridad de la población, medidas para garantizar los derechos humanos e territoriales de las comunidades. Sin los resultados que estas intervenciones pueden otorgar, no habrán las condiciones necesarias a la implementación de acciones de desarrollo económico y social.