Paz y Derechos humanos


Contexto territorial y actividades


La misión de la UPD es fomentar la reintegración de los derechos y de las condiciones básicas para una vida digna a las comunidades desventajadas y víctimas del conflicto en Colombia. La UPD apoya el programa de Paz por medio del dialogo y del empoderamiento de los actores, creación de redes de apoyo internacionales y sensibilización.

Conflicto y Derechos Humanos en Colombia

Fuentes: DANE, Desplazamiento forzado de los grupos étnicos en Colombia, Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, Guerra y violencias en Colombia, Una Nación DesplazadaAmnesty International 2015Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2013, Cuarto informe CIDH sobre la situación de derechos humanos en Colombia 2015, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe de derechos humanos 2015

Historia del conflicto en Colombia

La guerra en Colombia es un fenómeno de larga duración, variable intensidad y gran heterogeneidad en la violencia. En esta contienda se han enfrentado, durante la mayor parte del tiempo, tres polos: las guerrillas, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares. La interacción de estos grupos con otras formas de actividad criminal es compleja y en reconocimiento del carácter cambiante del conflicto armado, de sus protagonistas y de sus contextos, se pueden identificar cuatro periodos en su evolución. El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos. El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organización. El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado.

El principal antecedente mediato de la situación actual en el conflicto puede encontrarse a comienzos de la década de los noventa, cuando dos de los principales grupos guerrilleros, las FARC y el ELN, se apartaron de los procesos de paz de esa época, algunos de los cuales sí condujeron a la desmovilización de otras guerrillas. Entre 1991 y 1994, en presencia de la pérdida de recursos que supuso el fin de la guerra fría y del espacio político que ofrecían los acuerdos de paz, estos grupos se reestructuraron. Este proceso implicó cambios en las fuentes de financiamiento para su operación, en sus formas de operación y organización, sus tecnologías de guerra y en expresión territorial. En relación con su expresión territorial, durante la primera mitad de la década del noventa, los grupos guerrilleros aumentaron su cobertura territorial y desplazaron algunas de sus estructuras hacia territorios como los llanos orientales, la costa pacífica y las zonas aisladas de valles interandinos. A pesar del avance, no se observó un aumento en el ejercicio de la violencia durante esos años. La mayoría de las zonas aisladas, marginales y menos densamente pobladas del país se convirtieron, entonces, en el principal escenario para las actividades de guerra durante los siguientes años. No fue coincidencia que en estas zonas se concentrara la mayor densidad de cultivos de insumos para la producción de narcóticos, en particular de coca y amapola.

A partir de 1996, se presenta un cambio significativo en la dinámica del conflicto, en gran parte como resultado de los efectos del período de ajuste anterior, en el que los grupos guerrilleros y paramilitares crecieron y se fortalecieron. Como resultado se da un incremento importante tanto en la intensidad del conflicto como en la frecuencia de combates y ataques, además de un creciente involucramiento de la población civil.

La primera gran ofensiva del período fue emprendida por las FARC a mediados de 1996, momento en el cual se observa tanto un aumento en sus combates como en sus acciones unilaterales. A pesar del esfuerzo de esta guerrilla para pasar a la guerra de movimientos, la violencia de conflicto siguió ocurriendo principalmente en acciones unilaterales. Durante su auge militar, las FARC lograron suficiente incidencia política como para lograr abrir una negociación con el gobierno Pastrana mientras esas negociaciones se llevaron a cabo en medio de una intensificación sin precedentes de la guerra.

El ELN, por su parte, también aportó significativamente al escalamiento del conflicto durante el recrudecimiento. Las acciones unilaterales de este grupo aumentan de manera acelerada desde el año 2000 debido a una ofensiva que tenía como objetivo presionar el despeje de cuatro municipios en el sur de Bolívar. Sin embargo, la ofensiva fracasó en lograr presionar el despeje, lo que, aunado al rechazo nacional e internacional por los secuestros masivos realizados entre abril 1999 y febrero de 2000 y los descalabros militares de Barrancabermeja y los Farallones de Cali, terminaron por sellar el declive estratégico de esta organización.

Los grupos paramilitares, que ya habían estado presentes en el conflicto en períodos anteriores, para comienzos de los noventa, se encontraban en medio de un proceso de organización. Para la segunda mitad de la década del noventa, en muchas regiones del país, se contaba con diversas organizaciones paramilitares, con estructuras jerarquizadas, capacidad logística y experticia profesional en las diversas formas y propósitos del ejercicio de la violencia: desde aquella asociada al narcotráfico, hasta labores de protección y violencia selectiva. En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso de alianza entre los diversos grupos paramilitares resultó en una federación de grupos regionales que se definieron como “organizaciones contraguerrilleras y aliadas del Estado en su lucha contrainsurgente”. Bajo estas premisas, definieron un plan de expansión territorial y desplegaron una estrategia de violencia que aumentó de manera significativa la intensidad del conflicto, en especial la victimización de la población civil. Adicionalmente, a partir del año 2000, esta federación de paramilitares incrementa de manera sustancial el número de combates con las guerrillas, adquiriendo un carácter contrainsurgente, en ocasiones complementario y en ocasiones sustituto, de la estrategia contrainsurgente de las fuerzas estatales.

En relación con la expansión territorial de las AUC, esta tuvo su principal epicentro en el norte del país, donde se empeñaron en la construcción de un corredor antisubversivo, que va de la frontera con Panamá (selva del Darién) hasta los límites con Venezuela, y pasa por el norte de Antioquia, Córdoba, Bolívar, el Magdalena Medio y el Cesar. Luego de lograr establecerse en los santanderes, la expansión paramilitar continuó hacia el oriente, buscando el control del departamento de Arauca. Otro de los ejes de expansión del proyecto de las AUC fue hacia el suroccidente del país, que tuvo como principales áreas de influencia el norte del Valle (en conexión con el Cañón de las Garrapatas) y Bajo Putumayo, ejes a partir de los cuales se expandieron por el Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y parte de Huila.

La expansión paramilitar entre 1997 y el 2002 tuvo impactos diferenciados sobre los principales grupos insurgentes, siendo el ELN el que resultó más debilitado.

Desde el inicio del 2003, y hasta 2005, los eventos de conflicto presentan un estancamiento. Luego, entre mediados de 2005 y mediados de 2006, disminuyen sustancialmente. Esta caída probablemente se debe al empuje hacia al sur que, para entonces, lanzaron las Fuerzas Militares, con el argumento de ir tras el liderazgo de las FARC, evento que fue conocido como el “Plan Patriota”. En efecto, tanto las muertes de combatientes como las de civiles se han reducido de forma sustancial después de los dramáticos niveles de victimización que se alcanzaron a comienzos de la década.

Sin embargo, a finales de 2006, se presenta un incremento súbito en el cual las muertes de civiles participan significativamente, debido en parte a la forma en la que se están registrando los hallazgos de fosas comunes, muchas de las cuales se han conocido como producto de las versiones libres de los excomandantes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Mientras tanto las fuerzas estatales con el apoyo político del gobierno, traducido en un gran esfuerzo fiscal, el renovado apoyo del gobierno estadounidense representado en la continuación del Plan Colombia y como parte de su programa de asistencia militar, modernizaron sus equipos y pasaron de tener 145.000 combatientes a finales de la década de los noventa, a 431.253 en enero de 2009.

Estos ajustes le han significado al Estado una recuperación importante de territorios y también en una mejor eficiencia en combate, que consiguieron debilitar los grupos insurgentes y preparar las condiciones favorables para los acuerdos de paz, que comenzaron el 19 de noviembre de 2012 en La Habana.

Desplazados

En el contexto de la violencia contemporánea en Colombia, más de seis millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, abandonando sus hogares, sus tierras y territorios, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus formas de vida. A los más de seis millones de personas desplazadas dentro del territorio colombiano deben sumarse miles de víctimas que se han visto forzadas a cruzar las fronteras internacionalmente reconocidas en búsqueda de protección o refugio. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia se ha convertido en el país de origen del mayor número de solicitantes de refugio en las Américas, con aproximadamente cuatrocientas mil personas.

Colombia tiene uno de los niveles más altos de desigualdad en la tenencia de la tierra rural, y aproximadamente el 10% de la población del país ha sido desplazada por la violencia. De acuerdo a información proporcionada por el Estado, al 1ᵒ de julio de 2015, el RUV reportaba un total de 6.300.422 víctimas de desplazamiento interno forzado, de las cuales 61.772 personas fueron incluidas en este registro durante el primer semestre de 2015. Por otra parte, debe destacarse que según las estadísticas del Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), en el 2014 Colombia registró una cifra de 137.200 nuevos desplazados internos. Estas cifras sitúan a Colombia como el segundo país a nivel mundial con mayor número de desplazados internos.

La violencia proveniente de los actores del conflicto armado no es la única causa del desplazamiento forzado interno en Colombia. La violencia vinculada con el narcotráfico, los conflictos territoriales, las fumigaciones de cultivos ilícitos, las acciones contra la erradicación manual de cultivos, la violencia socioeconómica, los megaproyectos, la industria agrícola, son algunas de las otras fuentes de violencia que ocasionan los altos índices de desplazamiento forzado que se registran en el país en la actualidad.

Con referencias a las minoría étnicas, los departamentos donde se hace más evidente la expulsión de población perteneciente a alguno de los tres grupos étnicos colombianos (indigenas, afrodescendientes y ROM) es en Vaupés, Guainía y Amazonas por la fuerte expulsión de indígenas, y Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Córdoba por la de afros.

En un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia signada por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza. El 99 por ciento de los municipios colombianos han sido expulsores. En materia de retorno y reubicación, el Estado reportó que para el año 2014, el 78.6 % de los hogares habrían adoptado la decisión de retomar su proyecto de vida en sus lugares actuales de residencia y ubicación, o regresando al lugar del que fueron expulsados.

Reparación a las victimas

Según cálculos oficiales, unos ocho millones de hectáreas de tierras han sido abandonadas u objeto de despojo de sus ocupantes en el curso del conflicto. Eso ha afectado sobre todo a las tierras ocupadas por campesinos y a los territorios de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescendientes.

El gobierno indicó estar haciendo grandes esfuerzos para reparar a las víctimas: en 2015 de las 83.000 solicitudes de restitución, ya ha resuelto 14.000. Además, aseguró que el 84% de las familias con una orden de restitución están en sus tierras y que ninguna persona que le fue restituida sus tierras ha vuelto a ser víctima de despojo. Al respecto, al 20 de noviembre de 2015 los jueces han fallado 1.453 sentencias que restituyen un total de 176.464 hectáreas. La Unidad de Restitución de Tierras había recibido 77.893 solicitudes de restitución, de las cuales el 43% estarían ubicadas en las 404 zonas habilitadas para la implementación de la política de restitución, debido a las condiciones de seguridad. Del total de las solicitudes presentadas, se habría culminado el trámite administrativo del 56%, de las cuales se han inscrito en el Registro de Tierras Despojadas un 60% y se han presentado 8.000 demandas ante los Jueces Especializados de Restitución de Tierras, los que han emitido decisiones sobre 2.297 casos.

Sin embargo, la CIDH ha reportado que las reparaciones otorgadas por la Unidad para las Víctimas y las más de 900 sentencias de restitución proferidas han enfrentado obstáculos serios para lograr una reparación transformadora y que aun cuando los jueces y magistrados han intentado acompañar las medidas de restitución y formalización con órdenes tendientes a asegurar el acceso de las víctimas a derechos sociales, el cumplimiento de estas órdenes ha sido lento y complejo.

Composición étnica

Según el Censo de la población, en 2005 en Colombia residen 1.392.623 indígenas que corresponden al 3,43% de la población del país; los afrocolombianos son 4.311.757 personas, el 10,62% del total y el pueblo Rom o gitano está conformado por 4.858 personas que representan el 0,01% de la población total del país, lo que significa que la población colombiana que se reconoció como perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 14,06% de la población colombiana.

La población indígena es principalmente rural en comparación con la afro y ROM. El mayor número de comunidades se asientan en resguardos indígenas, el DANE certifica la población de 796 resguardos ubicados en 234 municipios y en 27 departamentos. En menor medida se ubican en las parcialidades indígenas; a lo que se suma que algunos grupos estén ocupando territorios sin ser reconocidos, lo cual implica un especial aislamiento y una mayor vulnerabilidad ante ataques contra sus derechos.

La población afro se compone de cuatro grupos: el grupo localizado en el Corredor del Pacífico (región occidental costera), los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio Palenque y los localizados en cabeceras municipales o en las grandes ciudades, que confiere al grupo una cierta dispersión.

Por su parte los gitanos o ROM mantienen rasgos culturales diferenciados y se caracterizan por su carácter urbano, estando «ocultos» en las estadísticas nacionales hasta el censo de 2005.

En cuanto a su distribución por departamentos, cabe señalar la complejidad étnica existente en un buen número de ellos, aunque en algunos la localización de un grupo u otro está muy definida, así los departamentos donde la importancia de la población indígena es mayor son La Guajira, Cauca, Nariño y Córdoba que concentran el 60% del total de indígenas del país

Este mismo fenómeno de concentración-dispersión se observa en el caso de la población afro, donde los departamentos de Valle del Cauca, Antioquía y Bolívar concentran el 50,6% de dicha población. En el caso de la población ROM esta pauta de distribución de concentración-dispersión se hace más extrema, ya que el 85% del total de ROM está localizado en Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Bogotá D.C., de los cuales solo Atlántico concentra el 40%.

El Proceso de Paz en Colombia

Fuentes: Introducción a los procesos de paz, ABC del Acuerdo de Paz, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El proceso de paz no es momento puntual, sino un conjunto de fases que necesitan su tiempo para la consultación de todos los actores afectados, en un esfuerzo colectivo para alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado. La implementación del proceso de paz necesita el diálogo y el consenso a los acuerdos que han sido creados para poner fin a la violencia física, y mediante esos acuerdos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita identificar y superar las condiciones estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto. Dentro del proceso de paz, por lo tanto, extrema importancia detiene la fase de negociación y de mediación, y de los planes de monitoreo y evaluación para el cumplimiento de lo acordado. En este sentido, hay “procesos” que han logrado materializarse y otros que se han quedado con las intenciones y se han malogrado por el camino, justamente porque no han sido capaces de implementar lo acordado, generando una enorme frustración por el incumplimiento de las expectativas creadas. Iniciar y desarrollar un proceso de paz es, pues, una auténtica aventura, un reto mayúsculo lleno de incertidumbres, obstáculos y posibilidades.

Dialogo y Acuerdos de Paz

El 19 de noviembre de 2012 comienza la instalación en La Habana de la mesa de negociación entre las FARC y el Gobierno de Colombia, un mes después de que las partes iniciaran su primera ronda de conversaciones en Noruega. Los primeros acuerdos se hubieron en mayo del 2013, con un acuerdo parcial sobre desarrollo agrario (uno de los seis puntos de la hoja de ruta pactada) y en noviembre con un acuerdo parcial sobre participación política de los exguerrilleros.

En el mayo del 2014 se definió el tercer acuerdo parcial, sobre solución al problema de las drogas ilícitas, mientras en julio comienza la discusión sobre las víctimas del conflicto. Este punto incluye tres subtemas: reparación, verdad y justicia. Solo en diciembre comienza la primera tregua unilateral e indefinida de las FARC.

En marzo de 2015 se establece el acuerdo de desminado conjunto entre militares y guerrilleros y el gobierno ordena la suspensión, por un mes, de los bombardeos contra las FARC. Sin embargo, la muerte de 11 militares en un ataque de las FARC impuso el reinicio de los ataques aéreos del gobierno, que deja 26 guerrilleros muertos y el fin de la tregua unilateral e indefinida de las FARC.

En junio siguen los diálogos y se establece la Comisión de la Verdad; en julio las partes se acercan otra vez, con una nueva tregua unilateral de FARC y otra suspensión de los bombardeos por parte del Gobierno. En septiembre de 2015 se presenta al Congreso de la Republica el Acto Legislativo para la Paz y en diciembre se aprueba el referendo para la Paz.

En enero de 2016 el gobierno y las FARC acuerdan que las Naciones Unidas verificarán el cese al fuego definitivo, en agosto se firma el decreto que establece el plebiscito pero en octubre, por un estrecho margen, la población votante rechaza los acuerdos. En noviembre las partes entregan un nuevo acuerdo, y en diciembre el presidente Santos y el representante de las FARC Rodrigo Londoño firman la paz.

El Acuerdo de Paz entre Gobierno y FARC

El Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC está dividido en 6 puntos principales, correspondientes a diferentes acuerdos entre las partes, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

Este punto también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite en la Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros. El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz, y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Apoyo a las victimas del conflicto armado

La misión de la UPD es fomentar la reintegración de los derechos y de las condiciones básicas para una vida digna a las comunidades desventajadas y víctimas del conflicto en Colombia. La UPD apoya el programa de Paz por medio del dialogo y del empoderamiento de los actores, creación de redes de apoyo internacionales y sensibilización.

Objetivo General: Reintegración de los derechos y de las condiciones básicas para una vida digna a las comunidades víctimas del conflicto en el Caribe Colombiano

Objetivos específicos

– Apoyo a las víctimas del conflicto en el Magdalena por medio de capacitación para su empoderamiento

– Apoyo al programa de Paz Transicional por medio del dialogo y del empoderamiento de sus actores

– Creación de redes para la elaboración de estrategias de apoyo comunitario

– Apoyo a las ONGs que se destacaron para su suporte a las victimas del conflicto en el Caribe Colombiano

Actividades

Apoyo a las ONGs que se destacaron para su suporte a las victimas del conflicto en el Caribe Colombiano

La Unidad de Planificación y Desarrollo apoya las ONGs y organizaciones comunitarias en sus esfuerzos para lograr un desarrollo ecuo y justo, en una óptica de reconciliación y respeto de los derechos humanos. Para lograr su misión, la UPD identificó las ONGs que más se distinguieron en la lucha para los derechos humanos en los territorios en que trabajan, para suportarlas en sus actividades.

Entre las comunidades y ONGs que apoyamos:

Comunidad Wiwa de Gotzheyi, Kemakúmake y Wímake

Estas tres poblaciones se encuentran ligadas históricas, territorial y políticamente. Respecto a lo histórico se resalta el papel del líder y autoridad tradicional: el mamo Ramón Gil Barros, conocido como uno de los líderes más representativos y carismáticos dentro del mundo indígena serrano, fue el primer Cabildo Gobernador de la naciente Organización Gonawindúa Tayrona hacía el año de 1987 y actualmente es el representante legal de la Delegación Wiwa. Bajo sus hombros se forjó la migración de cientos de familias Wiwa del Cesar hacía la cara norte de la Sierra, por el departamento del Magdalena, entre finales de los años ochenta hasta comienzos de los noventa, permitiendo la conformación de diversas poblaciones: Bunkuanguega (cuenca río Don Diego), Wímake, Kalabangaga, Kemakúmake y Gotzheyi (estas cuatro últimas en la cuenca del río Guachaca). Estas corrientes migratorias se sustentan bajo un relato de relacionamiento interétnico y de ordenamiento sobre la territorialidad de la Sierra.

Como centro poblacional de la cuenca de Guachaca, Kemakumake cuenta con 75 casas tradicionales, dos unguma (espacios rituales y de decisión política) y dos ushui (centro ritual para las mujeres o de las esposas de los mamos, las sagas). Le sigue Wimake con 26 casas tradicionales, una casa de material (de ladrillo y techo se zinc) dos unguma y dos ushui. Gotzheyi tiene 20 casas tradicionales, 8 casas de material, dos unguma y dos ushui. En cuanto a educación se resalta Gotzheyi, el cual cuenta con el Institución Etnoeducatica Distrital Zalemakú Sertuga, donde dictan grados desde preescolar hasta básica secundaría (bachillerato). Esta Institución cuenta con las sedes de preescolar y primaria en Wimake y Kemakumake. Kemakumake y Gotzheyi cuentan con puestos de salud, mientras Wimake no cuenta con este servicio de atención médica.

Gotzheyi y Kemakumake se encuentran dentro de la jurisdicción política del corregimiento de Guamaka; Wimake de La Tagua, dentro del distrito municipal de Santa Marta, Magdalena.

Estas tres poblaciones han enfrentado el conflicto armado en todas sus características, desde que se comienzan a conformar hasta entrado el siglo XXI, donde los grupos paramilitares consolidan su presencia en esta zona de la SNSM.

Fundación para el Desarrollo Humano Comunitario (FUNDEHUMAC)

Fundada en 2000, su misión es educar, promover y brindar apoyo al ser humano específicamente en las áreas vulneradas por factores socioculturales, ambientales y políticos, ayudando a la reinserción social. FUNDEHUMAC en estos años ha garantizado a las comunidades en Magdalena una  atención personalizada, integral y continua, sin ninguna discriminación, facilitándoles el  acceso a los servicios que requieren, otorgando siempre grande valor y respeto a la dignidad humana.

Entre los servicios sociales y trabajos comunitarios, FUNDEHUMAC presta:

– Servicios de atención a personas en formación e inserción socio-laboral;

– Servicios de atención a infancia y familia: Prevención, diagnóstico y tratamiento para la protección de la infancia y soporte a la familia;

– Servicios de atención a la mujer: Información y atención psico-social para la mujer; atención social de urgencia para mujeres víctimas de violencia doméstica;

– Formación e inserción socio-laboral: asociacionismo de personas afectadas y de familiares  grupos sensibilizados;

– Servicios de acogida y atención social a desplazados y refugiados;

– Ofrece charlas y talleres que le permitan a pequeños empresarios para formar y concretizar a sus colaboradores en los objetivos y políticas que se requiera y realizar diagnósticos de las cálida des de los mismos, en cuanto a competencias laborales y sociales;

– Empodera a sus colaboradores  para el buen desempeño de sus actividades;

– Servicio de orientación y acompañamiento para quienes desea ser emprendedor o emprendedora de su propia iniciativa o unidad productiva;

– Talleres lúdico-pedagógicos: estrategias para que el juego, actividades manuales, recreativas y pedagógicas de forma indicada para facilitar la forma de transmitir mensajes;

– Encuentros juveniles: promueve  un clima de construcción grupal de los jóvenes constructores de paz en cada región identificada con el fin  de trabajar entorno  a iniciativas de Paz y Reconciliación.

Redepaz

Redepaz es la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra que articula las experiencias y prácticas que múltiples agentes sociales desarrollan en las dimensiones local, interlocal, regional y nacional. La misión de Redepaz es ampliar y consolidar el movimiento social por la Paz como iniciativa de poder ciudadano, con sentido político, cultural y ético, para la refundación de Colombia. Bajo el principio de una ética ciudadana de respeto por la vida y el tratamiento pacífico de los conflictos, Redepaz se compromete en la construcción de la Democracia social y económica que permita el acceso a la justicia sin recurrir a la guerra.

Redepaz articula procesos como el Movimiento Nacional de Mujeres Constructoras de Paz, el Movimiento de Niñas y Niños por la Paz, la Red de Jóvenes por el Desarme, la Coordinación Nacional de Asambleas Constituyentes Locales, el Movimiento de Madres por la Vida, las veedurías ciudadanas al proceso de reparación integral, entre otros.

Desde su nacimiento, Redepaz ha promovido en todos sus espacios el reconocimiento y el respeto de la mujer y ha promovido la perspectiva de género en todos sus procesos y proyectos, como espacios incluyentes y horizontales. En los últimos años, Redepaz asumió el fortalecimiento y construcción de un área de trabajo  denominada Mujer y Género, con el ánimo de hacer aún más visible el compromiso y la tenacidad de las mujeres colombianas por construir la Paz, que reconozca la perspectiva de género en espacios incluyentes y horizontales, y que vele por su empoderamiento como sujetos políticos en igualdad de condiciones, promoviendo y potenciando la incidencia desde una perspectiva de género en las políticas públicas locales, regionales y nacionales y la promoción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU – Mujeres, Paz y Seguridad.

Apoyo a las victimas del conflicto en el Magdalena por medio de capacitación para su empoderamiento.

Dentro del programa de Paz y Derechos Humanos, la UPD ha promovido la capacitación de los funcionarios y voluntarios de diferentes organizaciones que trabajan en este sector.

La capacitación de los actores se enfoca en el fortalecimiento de las competencias necesarias para la elaboración de estudios y presentación de propuestas proyectuales. El fortalecimiento de las capacidades de análisis es fundamentales para evaluar el potencial de desarrollo de las comunidades analizadas, comprender sus problemas e identificar el mejor programa de desarrollo que pueda beneficiar la comunidad. De esta manera se puede lograr un desarrollo que comience desde abajo, analizando los problemas de las comunidades y generando un proceso autónomo de identificación y solución de los problemas.

La capacitación de las ONGs y organizaciones comunitarias se encuentra necesaria para una proficua colaboración en proyectos internacionales, donde los requerimientos en términos de gestión del proyecto y monitoreo y evaluación son muy rígidos.

En el ámbito del programa Capacitación para el desarrollo, en 2016 UPD proporcionó capacitaciones gratuitas para 9 estudiantes de la facultad de Antropología de la Universidad del Magdalena, y 11 funcionarios de:

Asociación de Empesarios de Magdalena, Fundación Ecologa, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, SENA, Casa Indegena Santa Marta, Fundación Raices Italo-Colombianas, FUNDEHUMAC.

Apoyo al programa de Paz Transicional por medio del dialogo y del empoderamiento de sus actores

El Fondo de Justicia Transicional es un programa de promoción de la convivencia, un esfuerzo conjunto entre las instituciones colombianas y actores de cooperación internacional para impulsar procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación. Bajo este propósito el programa viene promoviendo un proceso de fortalecimiento territorial para la organización de víctimas. Para el departamento del Magdalena, en este proceso trabajan conjuntamente las organizaciones Fundehumac, Madres por la Vida y la comunidad Wiwa de Kemakumake, y la Unidad de Planificación y Desarrollo entre los partners de la comunidad internacional, quienes conforman el equipo.

El Fondo de Justicia Transicional tiene diferentes enfoques: es centrado en las víctimas y sus derechos (verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición), punta hacia el fortalecimiento de capacidades nacionales y territoriales, al desaprendizaje de la violencia y la promoción de cambios culturales en la población desmovilizada y la sociedad en general, y la reintegración con perspectiva comunitaria y de reconciliación.

Objetivo General

Favorecer las capacidades nacionales y territoriales para el fortalecimiento institucional, la  construcción de la paz y la promoción de la convivencia y la reconciliación, con énfasis en el sistema de justicia, el respeto a los derechos humanos y los derechos de las víctimas

Objetivos Específicos

Fortalecer las capacidades nacionales y territoriales para construir la convivencia pacífica sobre la base del reconocimiento de los derechos humanos, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la promoción de la reintegración social, económica y cultural de la población desmovilizada con un enfoque comunitario y diferencial. Con énfasis en mecanismos de justicia transicional, busca fortalecer el sistema de justicia colombiano, para que haga efectivo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y contribuya con la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia

Líneas temáticas

– Fortalecimiento de  organizaciones de víctimas

– Fortalecimiento de capacidades sociales e institucionales y gestión del         conocimiento

– Recuperación de la Memoria Histórica

– Acceso a la Justicia

– Comunicación y visibilización de los derechos de las víctimas

– Inclusión, reintegración y fortalecimiento del tejido social en contextos de conflicto, transición o postconflicto

Implementación de las actividades

Por lo anterior, se ha promovido un espacio de trabajo con las víctimas de violencia para elaborar un documento de propuestas de las organizaciones de víctimas y/o acompañantes de víctimas para adelantar procesos de construcción de la paz territorial.

Los temas tratados fueron los 8 ejes temáticos de La ley 1448

Desaparación forzada

Resultados con las instituciones: Brigadas móviles para hacer declaraciones de personas desaparecidas;

Aportes: Acompañamiento a las víctimas en las rutas establecidas, visualización de casos en municipios;

Proteción, auto-proteción

Talleres y capacitaciones de Fundehumac, REDEPAZ, PNUD.

Violencia sexual dentro del conflicto armado

Talleres y capacitaciones de Fundehumac, REDEPAZ, PNUD.

Gestión y ejecución de proyectos

Gestionar: Una granja agrícola, creación de un centro psicosocial para las víctimas con funcionarios idóneos, patios productivos, criaderos de cerdos, proyectos productivos.

Tierra y territorios

Actividades de socialización de la existencia de la oficina de restitución tierras para las declaraciones y la inscripción al proceso de restitución tierras

Liderazgo

Talleres y capacitaciones de Fundehumac, REDEPAZ, PNUD.

Veedurias ciudadanas

Capacitaciones sobre las veedurías ciudadanas

Desplazamiento forzado

Resultados: Ayudas humanitarias, gestión de ingresos, emprendimiento, fortalecimiento de negocio y subsidio de vivienda, capacitación a las víctimas en distintas áreas;

Aportes: conversión de los actores en líderes, multiplicadores y asesores en los procesos de desplazamiento forzado, dando acompañamiento a los familiares (atención psicológica)

Desde el 2009, se viene trabajando en el seguimiento y acompañamiento de los desplazados y a partir del 2011, con las víctimas de violencia. Desde esta fecha se han realizado seis encuentros tri-partitas entre víctimas, comunidades indígenas, instituciones y entidades internacionales. También se han realizados acuerdos conjuntamente para el trabajo a favor de las víctimas de la violencia en los territorios de Santa Marta, Cienaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera.

Creación de redes para la elaboración de estrategias de apoyo comunitario

La Unidad de Planificación y Desarrollo suporta las estrategias reconciliación y compensación desarrolladas dentro del proceso de paz, y trabaja para sensibilizar y ampliar el apoyo institucional a las actividades establecidas. Para lograr una más amplia convergencia de intereses para la implementación de estrategias compartidas, la UPD se relaciona a otras instituciones presentes en el territorio.

En este contexto, la UPD apoya las actividades de la Unidad para las Victimas en su trabajo con las ONGs en el Magdalena. La Unidad para las Victimas tiene como enfoque estratégico acercar el Estado a las víctimas mediante coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación.

El Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social. El SENA es una institución fundamental para la capacitación técnica de las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente en las zonas rurales.

La Asociación de Empresarios del Magdalena (AEM) es una iniciativa del sector productivo privado, que busca aunar esfuerzos entre los principales 45 grupos económicos en la región, para el desarrollo del territorio del Magdalena y del Distrito de Santa Marta. Las actividades del AEM se centran en la propiciación de una mayor competitividad del sistema económico departamental, potenciando el capital humano y generando nuevas oportunidades económicas en el territorio.

La Resistenza di Cali

Publicado en 14 mayo 2021 por Matteo BellinzasDerechos Humanos

Fonte della foto: Tembolres ONG “Guardia, forza! per la mia razza, per la mia terra!”, è uno dei nuovi slogan simbolo della rivolta sociale riesplosa in Colombia: l’inno della Guardia Indigena del Cauca viene cantato non piú solo a Cali, ma nel resto del paese e a Bogotà. La Guardia Indigena del Cauca (la Minga

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(Italiano) Aggiornamento sul Paro Nacional – 8 maggio 2021

Publicado en 8 mayo 2021 por Matteo BellinzasDerechos Humanos

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(Italiano) Colombia, adesso

Publicado en 5 mayo 2021 por Matteo BellinzasDerechos Humanos

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Historia del conflicto y contexto humanitario en el Caribe colombiano


Departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena

Historia del conflicto y contexto humanitario

Fuentes: Atlántico: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012, ACNUR, Plan de Desarrollo del Atlantico

Historia del conflicto armado en el departamento del Atlantico

La presencia de las guerrillas en el departamento comienza en la década de los ochenta con el ELN, en municipios del sur, como Repelón y Luruaco, que se encuentran en la ribera del canal del Dique. Así mismo, este grupo subversivo se asentó en los municipios de Piojó (centro) y Tubará, (norte), ubicadas sobre la cadena montañosa.

Por su parte, las Farc incursionaron en 1999 y ocuparon zonas que habían sido controladas por el ELN. Hicieron presencia el bloque Caribe de la Farc, la Red Urbana José Antequera (RUJA) en el área metropolitana de Barranquilla y los municipios aledaños como Soledad y Malambo. De acuerdo con documentos realizados por el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de DDHH y DIH, este proceso de conformación de milicias comenzó hace cerca de dos décadas y entre las actividades que desarrollaron estuvo el adoctrinamiento político y la comisión de acciones contra miembros de la Fuerza Pública, ataques contra la infraestructura económica de la ciudad e imposiciones obligatorias a comerciantes, industriales y familias adineradas. A la RUJA, se le atribuye la realización de actos de terrorismo, como la colocación de artefactos explosivos. La presencia de las FARC era a nivel regional, por lo tanto las acciones de los frentes 19, 35 y 37 afectaron tanto al Atlántico como a Magdalena y Bolívar.

Con respecto a las autodefensas y después de las bandas criminales emergentes, su presencia en el departamento se puede subdividir en dos periodos: en el primero – 2000 a 2006 – se hicieron presencia y se consolidaron los grupos de autodefensas en particular el bloque Norte, en el segundo (2006-2007) se presenció la desmovilización de dicho bloque y la aparición de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que entran en abierta confrontación con los grupos guerrilleros que hacen presencia en el departamento. Las autodefensas aparecen en el departamento en el año 2000, con la incursión del bloque Norte: desde su implantación realizaron las mal llamadas limpiezas sociales, asesinaron a quienes ellos consideraban contraventores de la ley y a pobladores de la calle, participaron en la conformación de empresas privadas de seguridad y en la organización de grupos de prestamistas en la modalidad de presta y paga-diario, en barrios humildes de la ciudad de Barranquilla, específicamente al suroriente y suroccidente que limitan con el municipio de Soledad; lo mismo ocurrió en Malambo y Puerto Colombia. La actividad de las AUC estaría especialmente dirigida contra la población desplazada y las regiones de las sabanas de la Costa Atlántica, organizaciones sindicales, comunitarias y sociales, algunos ediles, miembros de juntas de acción comunal, docentes, periodistas, defensores de derechos humanos que han sido manifiesta y sistemáticamente señalados y estigmatizados como colaboradores de la insurgencia y, en consecuencia, amenazados. Las autodefensas lucharon permanentemente por manejar la zona rural del departamento, así como las entradas y salidas de Barranquilla con la creación de un anillo perimetral sobre el Área Metropolitana, con lo cual buscaban debilitar el accionar de las milicias guerrilleras y de los frentes (19, 35 y 37) de las FARC, con presencia en Barranquilla, Soledad y Malambo; por otra parte, pretendían consolidar su dominio en un sector donde está proyectado el paso del gasoducto binacional Colombia –Venezuela. El dominio de la región pasaba también por el dominio de los corredores de movilidad y acceso a las sabanas de la costa norte y por la Ciénaga del Torno y Caño Clarín, departamento de Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta. En desarrollo de esta estrategia, bordearon el río Magdalena e ingresaron por municipios como Ponedera, Soledad, Sabanagrande, Malambo, Santo Tomás y Palmar de Varela, con el fin de rodear a Barranquilla. Por la parte noroccidental del departamento, estos grupos hicieron presencia en municipios como Tubará, Galapa, Juan de Acosta y Puerto Colombia. Otros de las zonas utilizadas por las autodefensas fueron los municipios de Sitionuevo, Remolino y Salamina, ubicados en la ribera oriental del Magdalena, donde las AUC ejercieron un fuerte dominio y control político y social. Durante el tiempo que el bloque Norte de las AUC estuvo activo en el departamento y por causa de su permanente disputa con las FARC y el ELN, quienes más resultaron afectados fueron los defensores de derechos humanos, los líderes y miembros sindicales y sociales, así como los dirigentes y activistas de los partidos políticos de izquierda, quienes fueron objeto de acciones de retaliación, con las que pretendían “debilitar” a la guerrilla, también hostigaron a algunos desplazados, a quienes tildaban de colaboradores de la subversión. Muchos de estos ciudadanos debieron desplazarse por primera y segunda vez de sus lugares de residencia. Con la firma del acuerdo de Santa fe de Ralito en julio de 2003, promovido por el Gobierno nacional, comenzó el proceso de desmovilización de las AUC en todo el país.

Las autoridades departamentales coinciden en señalar que hacia junio de 2006 aparecieron bandas criminales, integradas por narcotraficantes, delincuentes comunes, por no desmovilizados y por algunos desmovilizados del bloque Norte de las AUC, frentes Tomás Felipe Guillen y Resistencia Tayrona, que empezaron a delinquir en los departamentos de Magdalena y Atlántico. Estas estructuras delincuenciales tienen entre sus objetivos retomar el control del narcotráfico (zonas de cultivo en el Magdalena y sur de Bolívar, rutas de ingreso y salida al mar y manejo de carreteras en el Atlántico, entre otras), apropiarse del negocio del presta-paga diario e intentar interferir en la política local. Estas bandas criminales tomaron el nombre genérico de Águilas Negras y empezaron a actuar en el sur de Barranquilla y en los municipios ribereños de Soledad, Malambo, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera, los cuales estuvieron bajo la influencia del bloque Norte. El intento de consolidación de estas estructuras armadas también ha afectado a las poblaciones cercanas a la carretera de la Cordialidad (Luruaco, Sabanalarga, Baranoa y Galapa).

Desplazados

El departamento del Atlántico ha tenido en términos de desplazamiento un comportamiento históricamente receptor, debido a la condición de puerto industrial y comercial de su capital departamental. En el Atlantico las personas que declaran estatus de desplazado han crecido fuertemente a partir del año 1999 y alcanzando el máximo histórico en el 2001, año en el que se registran 19.659 personas. Como capital del departamento Barranquilla es la ciudad en la que históricamente se han presentado el mayor número de declaraciones: durante el periodo 2004-2011 se declararon 9.208 personas en promedio anual en el departamento y el 63% de las declaraciones se presentaron en la capital departamental. El análisis de la pirámide poblacional del departamento de Atlántico permite observar que la mayoría de las víctimas son mujeres entre los 24 y 35 años de edad, mientras las niñas y adolescentes – mujeres entre los 0 y 17 años – representan cerca del 32% de las mujeres víctimas que declararon en el departamento. De la misma manera, el departamento presenta una alta proporción de mujeres y hombres de la tercera edad – mayores de 60 años – víctimas de desplazamiento forzado, lo cual refuerza la alta dependencia económica al interior de los hogares.

Se observa que los hechos victimizantes más difundidos en el departamento son homicidio, secuestro y desaparición forzada. También se destaca inmediatamente la preponderancia de Barranquilla en las ocurrencias, siendo éste el lugar de mayor victimización en todos los tipos de hechos.

Mujeres

La tasa de mujeres valoradas por violencia de pareja es de 173,71 por cada 100.000 habitantes, mientras la tasa de mujeres valoradas por presunto delito sexual ha venido en aumento en los últimos cuatro años, en el 2011 este indicador se mantenía en 37,63 mujeres valoradas por cada 100.000 habitantes, mientras que en el 2014 la cifra aumentó a 40,13 por cada 100.000 habitantes, lo que refleja en definitiva que este tipo de violencia se incrementó en 6,6%. Durante el 2015 se presentaron 12 feminicidios en el Atlántico.

Composición étnica de la población

La población local no es homogénea en su contenido estructural pues coexisten en su interior etnias con legados de importancia cultural.

Entre las poblaciones indígenas locales se encuentran los Mokanás, que devienen de los primitivos pueblos indígenas asentados en el norte del país y se distribuyeron por zonas, muchas de las cuales aún conservan su nombre ancestral, como Tubará, Usiacurí, Piojó, Galapa, Malambo y Baranoa, entre otras. Los asentamientos indígenas se ubicaron en su mitad septentrional con epicentros en los  municipios ya mencionados y en Suan, en el extremo sur, asentamiento ya extinguido.

En el Departamento del Atlántico la población afrocolombiana se estima en 227.251 habitantes con una representación del 10.84% sobre el total de 2.112.001 en el año 2005 (el último censo del DANE). En  cuanto al porcentaje nacional, corresponde al  5.3% sobre el total de la población en Colombia en el año 2005.

Otros grupos étnicos en el departamento están constituidos por la comunidad “ROM” (gitanos romaníes) ubicados en el municipio de Sabanalarga, los Ingas y los Zenúes.

Historia del conflicto y contexto humanitario

Fuentes: Bolívar: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012, Plan de Desarrollo Bolivar, Presentación Dossier Unesco

Historia del conflicto armado en el departamento del Bolívar

El Departamento de Bolívar ha sido golpeado drásticamente por el conflicto armado, si bien en los últimos años hubo una disminución importante de los índices de violaciones derechos humanos que alcanzaron niveles alarmantes a finales de la década de los años noventa.En los años 70 inician las primeras incursiones guerrilleras al departamento de Bolívar, estas ingresan en el Sur del Departamento con el Ejército de Liberación Nacional, para posteriormente presentarse las FARC y una facción del ELN denominados Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),Ejército Popular de Liberación (EPL) y Renovación Socialista (CRS).

Los inicios de las conformaciones guerrilleras en el departamento se dan paralelamente en el momento de la lucha campesina por la distribución equitativa de la tierra. Estos grupos guerrilleros ejercieron control del Sur del Departamento a través del cobro de extorsiones a los potentados terratenientes y secuestros extorsivos, convirtiéndose en la fuerza de controlsocial y económico de la región. Ante esto, los potentados reaccionaron a los ataques guerrilleros recibiendo el apoyo de las autodefensas, por lo que las guerrillas terminaron reubicándose en las zonas de serranía como las de San Jacinto y los Montes de María, ya que su posición geográfica de corredor regional y de conexión con los departamentos de Magdalena, Sucre el Golfo de Morrosquillo, le permitieron la entrada de gran cantidad de armas y de más artefactos bélicos, y de sustancias de uso ilícito dirigidas al exterior.

En la década de los 90, el ELN consolidó su presencia en todo el Departamento, dominando el poder político y social; en la zona norte hizo presencia el Frente Jaime Bateman Cayón que pertenecía al Frente de Guerra Norte y su influencia se ejercía en los municipios de San Juan de Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar. A finales de de la misma década el dominio de este Frente guerrillero decayó ante los constantes enfrentamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia y la Fuerza Pública.

Por otro lado, la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento comenzóen la zona Sur, en el año 1997: los ataques de este grupo armado ilegal se dirigían a poblaciones que presuntamente colaboraban a las guerrillas,infligiendo masacres, homicidios selectivos y desplazamientos forzados en esa zona del departamento. En la región Norte el ingreso del grupo paramilitar se inició a través de la conformación de grupos privados de seguridad para proteger los intereses particulares de unos cuantos terratenientes ante los ataques de los grupos guerrilleros. De acuerdo con los informes de la Defensoría del Pueblo “La conformación de grupos de autodefensas se inscribe en un proyecto de contrainsurgente, orientado a eliminar, desterrar y desaparecer cualquier expresión de la población encaminada a reivindicar y exigir al Estado el cumplimiento de sus derechosfundamentales, la entrega de tierras y la redistribución de los beneficios derivados de los modelos de desarrollo”.

Las autodefensas y el narcotráfico fue un factor de fortalecimiento y consolidación del accionar en el departamento: los narcotraficantes buscaban apoyo de las autodefensas con el fin de garantizar la seguridad de los corredores del tráfico de drogas, siendo uno de estos corredores estratégicos Cartagena-Golfo de Morrosquillo en donde se transportaba la droga hacia los mercados internacionales. Luego de los procesos de desmovilización de las AUC se evidencia en el departamento el accionar de grupos denominados “Águilas Negras” y “Los Paisas” que de acuerdo a los informes manifestados por la Fuerza Pública en diversos espacios son conformados por desmovilizados y no desmovilizados de las antiguas AUC como nuevos miembros producto del reclutamiento forzado.

De acuerdo al análisis presentado por el Batallón Antonio Nariño en el consejo de seguridad Departamental realizado en el mes de Junio del año 2015, estas Bandas Criminales que están al servicio del narcotráfico poseen una estructura jerárquica no centralizada que tienen alianzas en el surde Bolívar con los grupos guerrilleros de las FARC y ELN en lo corredores estratégicos que comunican los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Magdalena. Su principal interés es efectuar control sobre el cultivo, comercialización y tráfico de drogas de uso ilícito y minería ilegal. Este control sobre estas actividades ilícitas es realizado mediante homicidios, amenazas a líderes sociales y representes de la comunidad, limitaciones al derecho a la locomoción, extorsiones, control de rutas, entre otros.

Estos grupos armados organizados post desmovilización de las AUC no son un fenómeno coyuntural, sino expresión del proceso de transformación de la violencia en Colombia, implicó cambios en la intensidad el uso de la violencia, en la organización de sus estructuras militares, en la lucha contrainsurgente y en la relación con otros grupos armados.

Desplazamiento

En el caso de Bolívar el Desplazamiento Forzado constituye el 92,33% del total de los hechos victimizantes ocurridos dentro del departamento, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Al igual que la cifra del número total de víctimas, Bolívar ocupa el segundo lugar a nivel nacional respecto al número de desplazamientos forzados, contando con 568.012 registros por este hecho victimizante a fecha 1 de marzo de 2016.

La mayoría de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres entre los 24 y 35 años de edad. Las niñas y adolescentes – mujeres entre los 0 y 17 años- representan cerca del 31% de las mujeres víctimas que declararon en el departamento. La proporción de niños y adolescentes en el total de víctimas masculinas declarantes en Bolívar es de cerca del 33%.

De las 278.821 víctimas, que han presentado declaración en el departamento durante el periodo de análisis, el 13% se autoreconocen como afrodescendientes, el 1% como indígenas; 209 personas registran autoreconocidos como gitanos y 198 personas como raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Pata los otros hechos victimizantes en Bolívar, la mayoría de esos se encuentran en la categoría “homicidio” que agrupa al 70% de los mismos, seguida por “desaparición forzada” que agrupa al 10%.

Los municipios más importantes, según el número de eventos ocurridos son: el Carmen de Bolívar, Cartagena, San Pablo, y San Jacinto. Estos cuatro municipios concentran entre el 30% y el 45% de las víctimas en cada uno de los hechos según el lugar de ocurrencia (con excepción de pérdida de bienes, que solo registra en Córdoba). Adicionalmente, el primer lugar, en cada tipo de hecho, se encuentra entre los tres primeros municipios mencionados.

Principales municipios y ciudades según lugar de residencia de la víctima

Victimas

De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), el conflicto armado convierte a Bolívar en el segundo departamento con mayor número de víctimas a nivel nacional, equivalente a 590.081 personas.

Esta cifra indica que el 8% del total de las ocurrencias de hechos vicitimizantes en Colombia se han presentado en el Departamento de Bolívar, sólo superado por Antioquia, que en tamaño de su población, supera a Bolívar en más de cuatro millones de habitantes.

A partir de 1998 y hasta el año 2009 se presentó en el Departamento de Bolívar el mayor número de víctimas como consecuencia de la disputa territorial entre los grupos armados ilegales, especialmente en las zonas de los Montes de María y el Sur de Bolívar, que desencadenaron las masacres de Barranco de Loba (1998), San Pablo (1999), El Carmen de Bolívar (SALADO) (1999), Zambrano (1999), Las Palmas – San Jacinto (1999), El Salado (2000), Macayepo (2000) y Mampuján (2000) entre otras.

A partir del 2009 se presentó un descenso en las cifras tanto de víctimas de la violencia, como en las de desplazamiento forzado, que responde a su vez a la evolución del conflicto armado en la región: focalizando el análisis en los municipios del Departamento, excluyendo las cifras del Distrito de Cartagena, encontramos que más del 60% del total de la población víctima  está situada en los municipios que conforman los Zodes de los Montes de María y Magdalena Medio (Sur de Bolívar).

Mujeres

El conflicto armado ha afectado en mayor parte a las mujeres del departamento de Bolívar, generando una gran deuda social con este sector poblacional. Según el Plan de Acción Territorial para la atención y reparación a víctimas en Bolívar 2012 – 2015, se identificó que las mujeres son junto con las niñas y niños, las principales víctimas de la guerra. En este documento también se destaca que el uso de la violencia física, psicológica, y sexual en el marco del conflicto, como forma de control, es la primera causa de afectación a las mujeres y que las mujeres víctimas de la guerra están principalmente en el rango de edad 24 a 35 años.

De igual forma, las mujeres del departamento presentan social y económicamente mayor vulnerabilidad. De acuerdo con la información de La Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para el departamento de Bolívar 2010, se observa que las personas que pertenecen a un hogar cuya jefatura es femenina, presentan mayores niveles de pobreza que los hogares donde el jefe del hogar es hombre. Es importante resaltar que el 76% de las mujeres jefas de hogar son solteras, separadas o viudas

Composición étnica

La población afro-descendiente en el departamento de Bolívar representa el 27.57% del total de sus habitantes (497.667 personas) según cifras del DANE.

Dentro de la población negra o afrocolombiana se pueden diferenciar cuatro grupos importantes: los que se ubican en el corredor del pacífico colombiano, los raizales del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población que reside en las cabeceras municipales o en las grandes ciudades.

La comunidad Palenque de San Basilio fue fundada por los esclavizados que se fugaron y se refugiaron en los palenques de la Costa norte de Colombia desde el siglo XV. De los numerosos palenques existentes en la Colonia, San Basilio es el único que ha permanecido hasta nuestros días librando permanentes batallas para conservar su identidad y sus elementos culturales propios. El aislamiento les ha permitido mantener la mayoría de las tradiciones culturales africanas en Colombia (música, prácticas médicas, organización social y ritos culturales) y aún más, han desarrollado una lengua criolla, mezcla del español con las lenguas africanas originarias (el palenquero). Debido a sus características únicas en su historia, formación, cultura y lengua, el Palenque ha sido declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Historia del conflicto y contexto humanitario

Fuentes: Informe Socioeconómico Departamento de La Guajira, Informe Gobernación de La Guajira

Historia del conflicto armado en el departamento de La Guajira

Hoy La Guajira hace parte del sistema nacional de violencia, ya que el grado de organización que se concentra en ella, la presencia de grupos armados (guerrilla, paramilitares y delincuencia común organizada, especialmente en la frontera) denotan que no nos encontramos ante individuos anómicos, pobres sin rumbo como en el pasado, sino ante grupos profesionalizados en la violencia, que muestran recursos, planificación y alternativas para su desarrollo y reproducción.

La dinámica de la violencia guajira en el siglo XX no corresponde a la que se presentó en la mayoría de las regiones del país, lo cual es explicable por sus características geográficas y por la diversidad de culturas que se han establecido en el territorio. Durante años el control de las armas por parte del Estado ha sido bajo y por fuera del contexto de la realidad local. Sus habitantes, especialmente los wayuu, mantuvieron confrontaciones intraétnicas que se arreglaban mediante las compensaciones que operan en los sistemas de cultural y de derechos.

En este escenario son varias las características particulares que se presentan. Si bien en el seno de cualquier país pueden presentarse desigualdades mínimas entre una región y otra respecto del imperio de la ley, en La Guajira esta situación es dramática con relación al centro del país. Gran parte de los habitantes de la AltaGuajira, ocupada por grupos armados irregulares desde el 2002, como los de las áreas indígenas y campesinas de la Sierra Nevada, se han visto privados de derechos y libertades fundamentales.Sucesos como los hechos de violencia al pueblo indígena wiwa localizados en La Laguna, El Limón, Marokazo, Dudka y Potrerito, en agosto de 2002 y la masacre de Bahía Portete, ocurrida en el 2004, se dieron por fuera de su contexto convencionalmente justificatorio de lucha contra las FARC. Las áreas en donde se cometieron los hechos, hacen parte de los resguardos indígenas en donde no se encontraban poderosos hacendadosy ganaderos que alegaran tensiones agrarias acumuladas o supuestos abusos de la guerrilla.

En la cambiante trayectoria de las prácticas políticas en La Guajira desde el Frente Nacional (1958-1974) hasta hoy, los habitantes de este territorio han pasado del control de los entes públicos por parte de los grandes barones electorales, al predominio de las pequeñas y medianas empresas electorales, hasta el más reciente clientelismo armado. De esa manera, un sector poco asociado a las industrias criminales, como las empresas encargadas de prestar servicios, ha atraído el interés de miembros de organizaciones armadas por la sinergia entre oportunidades de invertir en corrupción y por el hecho de poseer, la suficiente capacidad de cooptación violenta para regular la asignación de contratos gubernamentales. Lo que para efectos de la administración pública nos muestra cómo aparatos coercitivos en lo local, pueden destruir la capacidad de regulación del nivel central y afectan por sobre costos y capturas de rentas la prestación de servicios públicos.

Desplazados

La Guajira no ha estado exenta al fenómeno del conflicto armado del país y al fenómeno humanitario del desplazamiento forzado. Según las estadísticas históricas de la oficina de Unidad de Victimas, desde que se comenzó a registrar el fenómeno desde 1985 señala que a 2014 el Departamento ha expulsado 116.360 ciudadanos, y ha recibido de otras regiones a 126.142 personas por este motivo. De acuerdo a los datos históricos, el desplazamiento fue un fenómeno poco notorio en La Guajira en la década de los 80 y 90, su auge se dio en la década del 2000 con máxima intensidad en los años 2002 a 2008, tendiendo a reducirse desde 2009 hasta la fecha, aunque aún se siguen presentado casos de desplazamiento forzado.

Las problemáticas generadas por el desplazamiento tienen diversos impactos en el desarrollo social de la región, los cuales están relacionados a procesos de adaptación e inclusión. En este sentido pueden haber situaciones de inasistencia escolar impidiendo lograr aprendizaje, educación y socialización, y a menudo llevar a acercarse a fenómenos de delincuencia u ociosidad: estas situaciones tienen injerencia en la calidad de vida, desencadenando problemáticas como desnutrición, desadaptación social y limitaciones en el desarrollo físico y psicosocial.

En el Departamento de La Guajira el 23,5% de los hogares cuenta con personas que se han visto en necesidad de desplazamiento en los últimos cuatro años, el promedio nacional es del 30,7%; el 9,2% de los hogares en condición de desplazamiento provienen de otros departamentos, en el 80,0% de los hogares donde residen desplazados en La Guajira provienen del mismodepartamento (81,2% promedio nacional).

Los Municipios con mayores receptores de población desplazada son Riohacha con el 43,8%, en segundo lugar San Juan del Cesar con el 17,5% y el tercero Dibulla con el 10,8%. De otro lado, los municipios en situación de expulsores está encabezado por: Riohacha con el 25,5%, en segundo lugar por Dibulla 23% y el tercer lugar por San Juan del Cesar con 21,8% del total de la población. El municipio con mayor concentración poblacional es Riohacha y el que ocupa el tercer puesto con mayores niveles de pobreza a nivel departamental según censo DANE.

Según la información consolidada en el RUPD152 la mayor parte de las personas que constituyen la población desplazada (40,9%), ha realizado estudios de primaria y un 13% estudios de secundaria, la proporción sin estudios formales es del 11,7%. Los bajos niveles de escolarización se pueden explicar en parte, por el efecto conjunto de dos factores: (i) la estructura demográfica que muestra una elevada proporción de población menor de 15 años (casi de la mitad del total, representando el 46%); (ii) los patrones de asistencia escolar en los lugares de origen, que muestran unas tasas medias o bajas, lo cual, se relaciona con el factor de extra-edad en la vinculación al sistema educativo, que es un fenómeno encontrado con mucha frecuencia en las poblaciones urbanas y rurales con dificultades socioeconómicas.

El problema del conflicto armado en Colombia es difícil de desarraigar. A 2011 los desmovilizados en La Guajira sumaron 213, por consiguiente desplazamiento sigue vigente, haciéndose pertinente el desarrollo de políticas sólidas y continuas de atención a la población; lamentablemente este fenómeno social de desplazamiento impacta diferentes escenarios del  Departamento, desarrollando pobreza, homicidios y vulnerabilidad social.

Asimismo, se conoce que en el Departamento los niveles de receptividad han aumentado, los procesos políticos organizados por las entidades nacionales como la desmovilización y capturas de cabecillas de grupos al margen de la ley, han generado la creación de nuevas bandas criminales en el país, factor que está originando mayor porcentaje de desplazamiento, elevando el grado de violencia y ocasionando mayores niveles de pobreza extrema.

Grupos étnicos

En el departamento de La Guajira viven más de 500.000 personas que pertenecen a varias culturas indígenas, árabe y criolla. El departamento de La Guajira cuenta con un aproximadamente porcentaje de población indígena de 22% a 61%, ubicados en los 11 municipios con resguardos indígenas (Riohacha, Uribia, Maicao, Dibulla, Distracción, Hato Nuevo, Manaure, San Juan del Cesar, Albania y Barrancas), donde cada uno tiene en promedio 26 resguardos.

Según el censo de población de 2005 DANE, el Departamento para este año tenía una población con la siguiente distribución étnica: Mestizos & blancos (47,58%) Amerindios o indígenas (44,94%) Negros o afrocolombianos (7,48%) .

Indigénas. Siempre se ha tenido la percepción de que los pueblos Kogui Wiwa, Arzarios, Arhuacos, Kankuamo en La Guajira son un grupo minoritario lo que ha conllevado a que la atención de los mismos haya quedado relegada a un segundo plano concentrándose el grueso en la atención en la población Wayuú que claramente es mayoritaria.

Mestizos o Criollos. La población colombiana actual es mayoritariamente de origen mestizo, siendo el aporte europeo casi exclusivo por parte paterna (más del 80% de los colombianos provienen de un europeo por vía paterna, mientras que el 85 % de los colombianos provienen de una indígena por vía materna). Según fuentes externas, los mestizos son el 58 % de la población colombiana

Blancos. En el último censo de 2005 los grupos étnicos clasificados fueron únicamente los gitanos, indígenas y negros, mientras que el resto de la población no es clasificada, por lo tanto el 86 % de la población colombiana es mestiza o blanca. Los mestizos se hallan prácticamente en todo el

Afrocolombianos. Con el arribo de los europeos a la península de La Guajira comenzó un proceso de contactos entre blancos y grupos indígenas que previamente se encontraban en la zona. Los empresarios perleros que llegaron a la costa occidental de La Guajira llevaron consigo esclavos, negros e indios, para emplearlos en labores de extracción de perlas, aunque también esclavizaron a nativos de la zona. Las duras condiciones de los esclavos propiciaron su deserción, motivando la interacción entre negros e indígenas en zonas apartadas de las rancherías perleras, donde convivieron con comunidades nativas no sometidas al control español.

Los árabes . En la década de 1880 se inició la inmigración Otomana a Colombia y a otros países de América como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Cuba y México. En principio, los inmigrantes sirios, palestinos y libaneses se asentaron en ciudades del Caribe colombiano como Barranquilla, Santa Marta y el pueblo de Lorica, en el departamento de Córdoba. En la década de 1940 algunos de los inmigrantes, especialmente libaneses, comenzaron a trasladarse e instalarse en el municipio de Maicao, en La Guajira, fundado en 1927, pues constituía un corredor de distribución de mercancías hacia el interior de Colombia y Venezuela. La comunidad árabe libanesa de Maicao, La Guajira, presenta unas relaciones sociales de producción material y significación social que han configurado su propia episteme histórica, la cual está estrechamente ligada al vínculo transnacional que estableció con los pueblos de Baalul y Kemet, en el Líbano, lugares de origen de la mayoría de inmigrantes y con los que se establecieron sólidas redes migratorias. Por lo mencionado, la situación social y lingüística de esta comunidad de habla árabe se suma a la situación de las más de sesenta lenguas aborígenes que se hablan hoy en el país y a las dos lenguas criollas: el sanandresano y el palenquero, las cuales, en conjunto, configuran el panorama lingüístico colombiano de cara al Siglo XXI. La comunidad “árabe”, ha jugado un papel fundamental en la transformación económica y en las dinámicas del departamento, y actualmente ha llegado a ocupar roles importantes en el sistema político interno de la región.

Historia del conflicto y contexto humanitario

Fuentes: Los derechos humanos en el departamento de Magdalena, Magdalena: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012

Historia del conflicto armado en Magdalena

La aparición de los primeros frentes de las FARC en el departamento del Magdalena estuvo determinada por los lineamientos trazados en la VII conferencia de comandantes de la organización, llevada a cabo entre 1981 y 1982, en la que se enfatizó la importancia de los factores militares de la organización, razón por la cual se adoptó una estrategia de crecimiento orientada al desdoblamiento de los frentes ya existentes que se financiaría principalmente a partir de recursos provenientes de la coca. De esta forma las FARC hacen presencia en el departamento entre 1982 y 1983 a través del frente 19, creado inicialmente como parte de un corredor que une la ruta del sur del Cesar, pasando por Ocaña hacia la región del Catatumbo y el norte del Cesar hasta terminar en el Magdalena, entre la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Posteriormente y de manera gradual, fueron creándose diferentes núcleos en el departamento, estableciéndose principalmente en las cuencas de los ríos Fundación, Piedras, Aracataca, Sevilla y Río Frío, afectando los municipios de Fundación, Ciénaga y Aracataca, a través de lo cual lograron fortalecerse mediante el cobro de impuestos y vacunas a los ganaderos y empresarios de la zona bananera y a los campesinos y agricultores de la parte montañosa de la Sierra Nevada.

El ELN hizo su aparición en el departamento en la primera mitad de los años 90 con la creación del frente «Francisco Javier Castaño», también como respuesta a una política de desdoblamiento de frentes, trazada por la organización en la reunión nacional de héroes y mártires de Anorí en 1983.  A través de esta política, el ELN pasó de tener 3 frentes a principios de la década de los 80 a 46 en 1996.

Además de los municipios de Ciénaga y Fundación, entre los cuales se desplaza el este frente, el ELN creó núcleos en los años siguientes en los municipios de Pivijay, Remolino, Sitio Nuevo, Cerro de San Antonio, Ciénaga Grande y la zona limítrofe con el departamento del Atlántico, en los que opera a través del frente «Domingo Barrios». La actividad militar del ELN en el departamento ha sido durante el periodo 1998 -2003 inferior a la de las FARC, lo cual puede deberse a factores tales como su dificultad para insertarse en la población y su debilidad ante fuerzas adversarias, que llevaron a la casi desaparición de la organización en el departamento de Córdoba y a una significativa disminución de sus acciones en los departamentos de Sucre y Guajira.

Al igual que en el caso de la guerrilla, las autodefensas en el departamento del Magdalena surgieron como estructuras para hacer frente a los grupos delincuenciales que aparecen como consecuencia de la «bonanza marimbera».  Uno de los grupos más importantes se localizó en el municipio de Ciénaga, específicamente en el corregimiento cafetero de Palmor el cual se constituyó durante la bonanza en un importante lugar de paso para el comercio de marihuana, lo que llevó a un elevado crecimiento de la región y  a que muchas de las personas que se habían enriquecido de este comercio se quedaran en la región y adquirieran fincas.  En la segunda parte de la década de los 70, como respuesta a actividades de boleteo desarrolladas por un grupo proveniente de Planadas, Tolima, se había organizado ya una estructura denominada “defensa civil», que más tarde como consecuencia de la fuerte inseguridad y de presiones de las FARC se organizara como una autodefensa. Esta organización fue la causante a mediados de la década de los 80 de innumerables muertes en el departamento, principalmente en Ciénaga, mientras que en este período se fortaleció prestando sus servicios a bananeros y ganaderos de la zona plana.  Sin embargo, a mediados de la década de los 90 las FARC lograron sacar a esta organización de Palmor. A partir de 1995 comenzó a operar en el Magdalena, así como en otros departamentos de la Costa Atlántica (Cesar, Bolívar y Sucre) el grupo de autodefensa liderado por Carlos Castaño en Córdoba y Antioquia, con lo cual se desató en la región una oleada de matanzas de campesinos.

En 2005 operaban en el departamento tres frentes que tenían injerencia en la casi totalidad del departamento, exceptuando las partes más altas de la Sierra Nevada, las cuales se han convertido en el principal frente de combate entre la guerrilla y autodefensas. Puede decirse que la función inicial de los paramilitares fue la de contener a los grupos guerrilleros, pero posteriormente ha sido también la de penetrar aquellas zonas en las que estos grupos cuentan con las fuentes de financiación más lucrativas y estables. Por esta razón a pesar de que la guerrilla había logrado ampliar su presencia en el departamento, perdió mucho terreno durante los años ‘2000 como consecuencia de las fuertes acciones de las autodefensas y el poder económico y militar de  estas al punto de controlar la casi totalidad del departamento, cobrar vacunas, imponer nombramientos de funcionarios y matar o amenazar a quien se les oponga.

Al realizar un análisis de los municipios del departamento con mayor intensidad del conflicto, encontramos que los de mayor actividad armada fueron en su orden: Ciénaga, Zona Bananera, Fundación, Santa Marta y Aracataca, todos estos pertenecientes tanto a la zona bananera como a la ecorregión de la Sierra, con excepción del Distrito Especial de Santa Marta, que sólo hace parte de la Sierra. La intensidad del conflicto llegó a sus puntos máximos en el 2002 en el caso del Distrito Especial de Santa Marta, y  en los años 2001 y 2002 permanecieron en sus niveles más altos desde 1998 para  el  total  de  las  acciones  armadas perpetradas en los municipios de Ciénaga y Zona Bananera.

Desplazamiento

El fenómeno del desplazamiento forzado en Magdalena se ha visto agudizado como consecuencia de la guerra entre autodefensas y guerrilla.  De igual forma, el conflicto que se presentó entre los grupos de autodefensas de Cuarenta y Hernán Giraldo, provocó en el año 2002 un desplazamiento sin precedentes, calculado en aproximadamente 11,000 personas.  Por esta razón el Director de la Red de Solidaridad dictó en ese año la Orden Humanitaria No.2, a través de la cual se dictaron acciones específicas a seguir para atender a quienes ya habían tenido que abandonar sus hogares y otras víctimas potenciales. En 2012 el número de personas expulsadas de su lugar de origen en el departamento ascendía a un valor cercano a los 45,200, siendo los principales municipios expulsores Fundación, Zona Bananera y Ciénaga.

Enfoque Diferencial

La relación entre sexo y rango etario de las víctimas de desplazamiento forzado se presenta, de manera conjunta, en la pirámide poblacional del departamento. La mayoría de las víctimas son mujeres entre los 24 y 35 años de edad. Las niñas y adolescentes – mujeres entre los 0 y 17 años- representan cerca del 32% de las mujeres víctimas que declararon en el departamento. La proporción de niños y adolescentes en el total de víctimas masculinas declarantes en Magdalena es de cerca del 36%.

Las series históricas de las personas que declaran en el departamento y se autoreconocen como pertenecientes a una minoría étnica permiten observar las tendencias de arribo al departamento de víctimas afrodescendientes, indígenas, Gitanos y Raizales. El comportamiento de la serie correspondiente a la minoría afro presenta una tendencia creciente que alcanza el máximo histórico en el 2008, cuando se registraron 6.254 víctimas declarantes en el departamento que se autoreconocen como afrodescendientes. Para el caso de la serie Gitano Rom se observa un comportamiento creciente con máximo histórico en el 2010 cuando se presentaron 42 personas declarantes. El máximo histórico de la serie indígenas corresponde al año 2007 con 631 declarantes. En tanto que, para la serie Raizal, el mayor número de víctimas alcanzado fue de 60 registradas en el 2009. De las 268.710 víctimas de desplazamiento forzado, que han presentado declaración en el departamento hasta el 2012, el 11% se autoreconocen como afrodescendientes, el 1% como indígenas; 175 personas registran autoreconocidas como gitanas y 156 personas como raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se observa también que los hechos victimizantes que tienen una mayor incidencia en el número de víctimas afectadas son homicidio 77%, desaparición forzada 10% y secuestro 5%.

Indígenas

Particularmente grave es la situación que afrontan los grupos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales ascienden a aproximadamente 30,000 miembros de cuatro comunidade: Arhuacos (44%), Kogui (30%), Kankuamo (21%) y Wiwa (5%).

Estos pueblos han sido desde la bonanza marimbera, y más aún durante los años 1996-2010 como consecuencia de la intensificación del conflicto, víctimas del fuego cruzado en la Sierra Nevada entre guerrilla, autodefensas y narcotraficantes. Así mismo, el traslado de la guerrilla hacia las partes más altas de la Sierra, como consecuencia de la presión de las autodefensas en las zonas planas, ha llevado a una desterritorialización de territorios sagrados y resguardos, para ser  utilizados por los grupos armados ilegales como zonas de refugio, como corredores para el tráfico de armas, drogas, contrabando y movilización de sus hombres y mujeres, y para ejercer desde allí el control de zonas económicas y militares. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, entre junio de 2000 y octubre de 2002, 33 indígenas murieron en la Sierra Nevada de Santa Marta en «asesinatos selectivos» atribuidos a las FARC  y  a las AUC.