Paz y Derechos humanos

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Paz y Derechos Humanos

Contexto territorial y actividades

La misión de la UPD es fomentar la reintegración de los derechos y de las condiciones básicas para una vida digna a las comunidades desventajadas y víctimas del conflicto en Colombia. La UPD apoya el programa de Paz por medio del dialogo y del empoderamiento de los actores, creación de redes de apoyo internacionales y sensibilización.

 

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Conflicto y Derechos Humanos en Colombia

Fuentes: DANE, Desplazamiento forzado de los grupos étnicos en Colombia, Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, Guerra y violencias en Colombia, Una Nación DesplazadaAmnesty International 2015Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2013, Cuarto informe CIDH sobre la situación de derechos humanos en Colombia 2015, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe de derechos humanos 2015

Historia del conflicto en Colombia

La guerra en Colombia es un fenómeno de larga duración, variable intensidad y gran heterogeneidad en la violencia. En esta contienda se han enfrentado, durante la mayor parte del tiempo, tres polos: las guerrillas, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares. La interacción de estos grupos con otras formas de actividad criminal es compleja y en reconocimiento del carácter cambiante del conflicto armado, de sus protagonistas y de sus contextos, se pueden identificar cuatro periodos en su evolución. El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos. El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organización. El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado.

El principal antecedente mediato de la situación actual en el conflicto puede encontrarse a comienzos de la década de los noventa, cuando dos de los principales grupos guerrilleros, las FARC y el ELN, se apartaron de los procesos de paz de esa época, algunos de los cuales sí condujeron a la desmovilización de otras guerrillas. Entre 1991 y 1994, en presencia de la pérdida de recursos que supuso el fin de la guerra fría y del espacio político que ofrecían los acuerdos de paz, estos grupos se reestructuraron. Este proceso implicó cambios en las fuentes de financiamiento para su operación, en sus formas de operación y organización, sus tecnologías de guerra y en expresión territorial. En relación con su expresión territorial, durante la primera mitad de la década del noventa, los grupos guerrilleros aumentaron su cobertura territorial y desplazaron algunas de sus estructuras hacia territorios como los llanos orientales, la costa pacífica y las zonas aisladas de valles interandinos. A pesar del avance, no se observó un aumento en el ejercicio de la violencia durante esos años. La mayoría de las zonas aisladas, marginales y menos densamente pobladas del país se convirtieron, entonces, en el principal escenario para las actividades de guerra durante los siguientes años. No fue coincidencia que en estas zonas se concentrara la mayor densidad de cultivos de insumos para la producción de narcóticos, en particular de coca y amapola.

A partir de 1996, se presenta un cambio significativo en la dinámica del conflicto, en gran parte como resultado de los efectos del período de ajuste anterior, en el que los grupos guerrilleros y paramilitares crecieron y se fortalecieron. Como resultado se da un incremento importante tanto en la intensidad del conflicto como en la frecuencia de combates y ataques, además de un creciente involucramiento de la población civil.

La primera gran ofensiva del período fue emprendida por las FARC a mediados de 1996, momento en el cual se observa tanto un aumento en sus combates como en sus acciones unilaterales. A pesar del esfuerzo de esta guerrilla para pasar a la guerra de movimientos, la violencia de conflicto siguió ocurriendo principalmente en acciones unilaterales. Durante su auge militar, las FARC lograron suficiente incidencia política como para lograr abrir una negociación con el gobierno Pastrana mientras esas negociaciones se llevaron a cabo en medio de una intensificación sin precedentes de la guerra.

El ELN, por su parte, también aportó significativamente al escalamiento del conflicto durante el recrudecimiento. Las acciones unilaterales de este grupo aumentan de manera acelerada desde el año 2000 debido a una ofensiva que tenía como objetivo presionar el despeje de cuatro municipios en el sur de Bolívar. Sin embargo, la ofensiva fracasó en lograr presionar el despeje, lo que, aunado al rechazo nacional e internacional por los secuestros masivos realizados entre abril 1999 y febrero de 2000 y los descalabros militares de Barrancabermeja y los Farallones de Cali, terminaron por sellar el declive estratégico de esta organización.

Los grupos paramilitares, que ya habían estado presentes en el conflicto en períodos anteriores, para comienzos de los noventa, se encontraban en medio de un proceso de organización. Para la segunda mitad de la década del noventa, en muchas regiones del país, se contaba con diversas organizaciones paramilitares, con estructuras jerarquizadas, capacidad logística y experticia profesional en las diversas formas y propósitos del ejercicio de la violencia: desde aquella asociada al narcotráfico, hasta labores de protección y violencia selectiva. En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso de alianza entre los diversos grupos paramilitares resultó en una federación de grupos regionales que se definieron como “organizaciones contraguerrilleras y aliadas del Estado en su lucha contrainsurgente”. Bajo estas premisas, definieron un plan de expansión territorial y desplegaron una estrategia de violencia que aumentó de manera significativa la intensidad del conflicto, en especial la victimización de la población civil. Adicionalmente, a partir del año 2000, esta federación de paramilitares incrementa de manera sustancial el número de combates con las guerrillas, adquiriendo un carácter contrainsurgente, en ocasiones complementario y en ocasiones sustituto, de la estrategia contrainsurgente de las fuerzas estatales.

En relación con la expansión territorial de las AUC, esta tuvo su principal epicentro en el norte del país, donde se empeñaron en la construcción de un corredor antisubversivo, que va de la frontera con Panamá (selva del Darién) hasta los límites con Venezuela, y pasa por el norte de Antioquia, Córdoba, Bolívar, el Magdalena Medio y el Cesar. Luego de lograr establecerse en los santanderes, la expansión paramilitar continuó hacia el oriente, buscando el control del departamento de Arauca. Otro de los ejes de expansión del proyecto de las AUC fue hacia el suroccidente del país, que tuvo como principales áreas de influencia el norte del Valle (en conexión con el Cañón de las Garrapatas) y Bajo Putumayo, ejes a partir de los cuales se expandieron por el Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y parte de Huila.

La expansión paramilitar entre 1997 y el 2002 tuvo impactos diferenciados sobre los principales grupos insurgentes, siendo el ELN el que resultó más debilitado.

Desde el inicio del 2003, y hasta 2005, los eventos de conflicto presentan un estancamiento. Luego, entre mediados de 2005 y mediados de 2006, disminuyen sustancialmente. Esta caída probablemente se debe al empuje hacia al sur que, para entonces, lanzaron las Fuerzas Militares, con el argumento de ir tras el liderazgo de las FARC, evento que fue conocido como el “Plan Patriota”. En efecto, tanto las muertes de combatientes como las de civiles se han reducido de forma sustancial después de los dramáticos niveles de victimización que se alcanzaron a comienzos de la década.

Sin embargo, a finales de 2006, se presenta un incremento súbito en el cual las muertes de civiles participan significativamente, debido en parte a la forma en la que se están registrando los hallazgos de fosas comunes, muchas de las cuales se han conocido como producto de las versiones libres de los excomandantes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Mientras tanto las fuerzas estatales con el apoyo político del gobierno, traducido en un gran esfuerzo fiscal, el renovado apoyo del gobierno estadounidense representado en la continuación del Plan Colombia y como parte de su programa de asistencia militar, modernizaron sus equipos y pasaron de tener 145.000 combatientes a finales de la década de los noventa, a 431.253 en enero de 2009.

Estos ajustes le han significado al Estado una recuperación importante de territorios y también en una mejor eficiencia en combate, que consiguieron debilitar los grupos insurgentes y preparar las condiciones favorables para los acuerdos de paz, que comenzaron el 19 de noviembre de 2012 en La Habana.

Desplazados

En el contexto de la violencia contemporánea en Colombia, más de seis millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, abandonando sus hogares, sus tierras y territorios, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus formas de vida. A los más de seis millones de personas desplazadas dentro del territorio colombiano deben sumarse miles de víctimas que se han visto forzadas a cruzar las fronteras internacionalmente reconocidas en búsqueda de protección o refugio. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia se ha convertido en el país de origen del mayor número de solicitantes de refugio en las Américas, con aproximadamente cuatrocientas mil personas.

Colombia tiene uno de los niveles más altos de desigualdad en la tenencia de la tierra rural, y aproximadamente el 10% de la población del país ha sido desplazada por la violencia. De acuerdo a información proporcionada por el Estado, al 1ᵒ de julio de 2015, el RUV reportaba un total de 6.300.422 víctimas de desplazamiento interno forzado, de las cuales 61.772 personas fueron incluidas en este registro durante el primer semestre de 2015. Por otra parte, debe destacarse que según las estadísticas del Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), en el 2014 Colombia registró una cifra de 137.200 nuevos desplazados internos. Estas cifras sitúan a Colombia como el segundo país a nivel mundial con mayor número de desplazados internos.

La violencia proveniente de los actores del conflicto armado no es la única causa del desplazamiento forzado interno en Colombia. La violencia vinculada con el narcotráfico, los conflictos territoriales, las fumigaciones de cultivos ilícitos, las acciones contra la erradicación manual de cultivos, la violencia socioeconómica, los megaproyectos, la industria agrícola, son algunas de las otras fuentes de violencia que ocasionan los altos índices de desplazamiento forzado que se registran en el país en la actualidad.

Con referencias a las minoría étnicas, los departamentos donde se hace más evidente la expulsión de población perteneciente a alguno de los tres grupos étnicos colombianos (indigenas, afrodescendientes y ROM) es en Vaupés, Guainía y Amazonas por la fuerte expulsión de indígenas, y Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Córdoba por la de afros.

En un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia signada por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza. El 99 por ciento de los municipios colombianos han sido expulsores. En materia de retorno y reubicación, el Estado reportó que para el año 2014, el 78.6 % de los hogares habrían adoptado la decisión de retomar su proyecto de vida en sus lugares actuales de residencia y ubicación, o regresando al lugar del que fueron expulsados.

Reparación a las victimas

Según cálculos oficiales, unos ocho millones de hectáreas de tierras han sido abandonadas u objeto de despojo de sus ocupantes en el curso del conflicto. Eso ha afectado sobre todo a las tierras ocupadas por campesinos y a los territorios de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescendientes.

El gobierno indicó estar haciendo grandes esfuerzos para reparar a las víctimas: en 2015 de las 83.000 solicitudes de restitución, ya ha resuelto 14.000. Además, aseguró que el 84% de las familias con una orden de restitución están en sus tierras y que ninguna persona que le fue restituida sus tierras ha vuelto a ser víctima de despojo. Al respecto, al 20 de noviembre de 2015 los jueces han fallado 1.453 sentencias que restituyen un total de 176.464 hectáreas. La Unidad de Restitución de Tierras había recibido 77.893 solicitudes de restitución, de las cuales el 43% estarían ubicadas en las 404 zonas habilitadas para la implementación de la política de restitución, debido a las condiciones de seguridad. Del total de las solicitudes presentadas, se habría culminado el trámite administrativo del 56%, de las cuales se han inscrito en el Registro de Tierras Despojadas un 60% y se han presentado 8.000 demandas ante los Jueces Especializados de Restitución de Tierras, los que han emitido decisiones sobre 2.297 casos.

Sin embargo, la CIDH ha reportado que las reparaciones otorgadas por la Unidad para las Víctimas y las más de 900 sentencias de restitución proferidas han enfrentado obstáculos serios para lograr una reparación transformadora y que aun cuando los jueces y magistrados han intentado acompañar las medidas de restitución y formalización con órdenes tendientes a asegurar el acceso de las víctimas a derechos sociales, el cumplimiento de estas órdenes ha sido lento y complejo.

Composición étnica

Según el Censo de la población, en 2005 en Colombia residen 1.392.623 indígenas que corresponden al 3,43% de la población del país; los afrocolombianos son 4.311.757 personas, el 10,62% del total y el pueblo Rom o gitano está conformado por 4.858 personas que representan el 0,01% de la población total del país, lo que significa que la población colombiana que se reconoció como perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 14,06% de la población colombiana.

La población indígena es principalmente rural en comparación con la afro y ROM. El mayor número de comunidades se asientan en resguardos indígenas, el DANE certifica la población de 796 resguardos ubicados en 234 municipios y en 27 departamentos. En menor medida se ubican en las parcialidades indígenas; a lo que se suma que algunos grupos estén ocupando territorios sin ser reconocidos, lo cual implica un especial aislamiento y una mayor vulnerabilidad ante ataques contra sus derechos.

La población afro se compone de cuatro grupos: el grupo localizado en el Corredor del Pacífico (región occidental costera), los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio Palenque y los localizados en cabeceras municipales o en las grandes ciudades, que confiere al grupo una cierta dispersión.

Por su parte los gitanos o ROM mantienen rasgos culturales diferenciados y se caracterizan por su carácter urbano, estando «ocultos» en las estadísticas nacionales hasta el censo de 2005.

En cuanto a su distribución por departamentos, cabe señalar la complejidad étnica existente en un buen número de ellos, aunque en algunos la localización de un grupo u otro está muy definida, así los departamentos donde la importancia de la población indígena es mayor son La Guajira, Cauca, Nariño y Córdoba que concentran el 60% del total de indígenas del país

Este mismo fenómeno de concentración-dispersión se observa en el caso de la población afro, donde los departamentos de Valle del Cauca, Antioquía y Bolívar concentran el 50,6% de dicha población. En el caso de la población ROM esta pauta de distribución de concentración-dispersión se hace más extrema, ya que el 85% del total de ROM está localizado en Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Bogotá D.C., de los cuales solo Atlántico concentra el 40%.

 

El Proceso de Paz en Colombia

Fuentes: Introducción a los procesos de paz, ABC del Acuerdo de Paz, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El proceso de paz no es momento puntual, sino un conjunto de fases que necesitan su tiempo para la consultación de todos los actores afectados, en un esfuerzo colectivo para alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado. La implementación del proceso de paz necesita el diálogo y el consenso a los acuerdos que han sido creados para poner fin a la violencia física, y mediante esos acuerdos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita identificar y superar las condiciones estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto. Dentro del proceso de paz, por lo tanto, extrema importancia detiene la fase de negociación y de mediación, y de los planes de monitoreo y evaluación para el cumplimiento de lo acordado. En este sentido, hay “procesos” que han logrado materializarse y otros que se han quedado con las intenciones y se han malogrado por el camino, justamente porque no han sido capaces de implementar lo acordado, generando una enorme frustración por el incumplimiento de las expectativas creadas. Iniciar y desarrollar un proceso de paz es, pues, una auténtica aventura, un reto mayúsculo lleno de incertidumbres, obstáculos y posibilidades.

Dialogo y Acuerdos de Paz

El 19 de noviembre de 2012 comienza la instalación en La Habana de la mesa de negociación entre las FARC y el Gobierno de Colombia, un mes después de que las partes iniciaran su primera ronda de conversaciones en Noruega. Los primeros acuerdos se hubieron en mayo del 2013, con un acuerdo parcial sobre desarrollo agrario (uno de los seis puntos de la hoja de ruta pactada) y en noviembre con un acuerdo parcial sobre participación política de los exguerrilleros.

En el mayo del 2014 se definió el tercer acuerdo parcial, sobre solución al problema de las drogas ilícitas, mientras en julio comienza la discusión sobre las víctimas del conflicto. Este punto incluye tres subtemas: reparación, verdad y justicia. Solo en diciembre comienza la primera tregua unilateral e indefinida de las FARC.

En marzo de 2015 se establece el acuerdo de desminado conjunto entre militares y guerrilleros y el gobierno ordena la suspensión, por un mes, de los bombardeos contra las FARC. Sin embargo, la muerte de 11 militares en un ataque de las FARC impuso el reinicio de los ataques aéreos del gobierno, que deja 26 guerrilleros muertos y el fin de la tregua unilateral e indefinida de las FARC.

En junio siguen los diálogos y se establece la Comisión de la Verdad; en julio las partes se acercan otra vez, con una nueva tregua unilateral de FARC y otra suspensión de los bombardeos por parte del Gobierno. En septiembre de 2015 se presenta al Congreso de la Republica el Acto Legislativo para la Paz y en diciembre se aprueba el referendo para la Paz.

En enero de 2016 el gobierno y las FARC acuerdan que las Naciones Unidas verificarán el cese al fuego definitivo, en agosto se firma el decreto que establece el plebiscito pero en octubre, por un estrecho margen, la población votante rechaza los acuerdos. En noviembre las partes entregan un nuevo acuerdo, y en diciembre el presidente Santos y el representante de las FARC Rodrigo Londoño firman la paz.

El Acuerdo de Paz entre Gobierno y FARC

El Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC está dividido en 6 puntos principales, correspondientes a diferentes acuerdos entre las partes, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

Este punto también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite en la Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros. El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz, y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Apoyo a las victimas del conflicto armado

La misión de la UPD es fomentar la reintegración de los derechos y de las condiciones básicas para una vida digna a las comunidades desventajadas y víctimas del conflicto en Colombia. La UPD apoya el programa de Paz por medio del dialogo y del empoderamiento de los actores, creación de redes de apoyo internacionales y sensibilización.

Objetivo General: Reintegración de los derechos y de las condiciones básicas para una vida digna a las comunidades víctimas del conflicto en el Caribe Colombiano

Objetivos específicos

– Apoyo a las víctimas del conflicto en el Magdalena por medio de capacitación para su empoderamiento

– Apoyo al programa de Paz Transicional por medio del dialogo y del empoderamiento de sus actores

– Creación de redes para la elaboración de estrategias de apoyo comunitario

– Apoyo a las ONGs que se destacaron para su suporte a las victimas del conflicto en el Caribe Colombiano

Actividades

Apoyo a las ONGs que se destacaron para su suporte a las victimas del conflicto en el Caribe Colombiano

La Unidad de Planificación y Desarrollo apoya las ONGs y organizaciones comunitarias en sus esfuerzos para lograr un desarrollo ecuo y justo, en una óptica de reconciliación y respeto de los derechos humanos. Para lograr su misión, la UPD identificó las ONGs que más se distinguieron en la lucha para los derechos humanos en los territorios en que trabajan, para suportarlas en sus actividades.

Entre las comunidades y ONGs que apoyamos:

Comunidad Wiwa de Gotzheyi, Kemakúmake y Wímake

Estas tres poblaciones se encuentran ligadas históricas, territorial y políticamente. Respecto a lo histórico se resalta el papel del líder y autoridad tradicional: el mamo Ramón Gil Barros, conocido como uno de los líderes más representativos y carismáticos dentro del mundo indígena serrano, fue el primer Cabildo Gobernador de la naciente Organización Gonawindúa Tayrona hacía el año de 1987 y actualmente es el representante legal de la Delegación Wiwa. Bajo sus hombros se forjó la migración de cientos de familias Wiwa del Cesar hacía la cara norte de la Sierra, por el departamento del Magdalena, entre finales de los años ochenta hasta comienzos de los noventa, permitiendo la conformación de diversas poblaciones: Bunkuanguega (cuenca río Don Diego), Wímake, Kalabangaga, Kemakúmake y Gotzheyi (estas cuatro últimas en la cuenca del río Guachaca). Estas corrientes migratorias se sustentan bajo un relato de relacionamiento interétnico y de ordenamiento sobre la territorialidad de la Sierra.

Como centro poblacional de la cuenca de Guachaca, Kemakumake cuenta con 75 casas tradicionales, dos unguma (espacios rituales y de decisión política) y dos ushui (centro ritual para las mujeres o de las esposas de los mamos, las sagas). Le sigue Wimake con 26 casas tradicionales, una casa de material (de ladrillo y techo se zinc) dos unguma y dos ushui. Gotzheyi tiene 20 casas tradicionales, 8 casas de material, dos unguma y dos ushui. En cuanto a educación se resalta Gotzheyi, el cual cuenta con el Institución Etnoeducatica Distrital Zalemakú Sertuga, donde dictan grados desde preescolar hasta básica secundaría (bachillerato). Esta Institución cuenta con las sedes de preescolar y primaria en Wimake y Kemakumake. Kemakumake y Gotzheyi cuentan con puestos de salud, mientras Wimake no cuenta con este servicio de atención médica.

Gotzheyi y Kemakumake se encuentran dentro de la jurisdicción política del corregimiento de Guamaka; Wimake de La Tagua, dentro del distrito municipal de Santa Marta, Magdalena.

Estas tres poblaciones han enfrentado el conflicto armado en todas sus características, desde que se comienzan a conformar hasta entrado el siglo XXI, donde los grupos paramilitares consolidan su presencia en esta zona de la SNSM.

Fundación para el Desarrollo Humano Comunitario (FUNDEHUMAC)

Fundada en 2000, su misión es educar, promover y brindar apoyo al ser humano específicamente en las áreas vulneradas por factores socioculturales, ambientales y políticos, ayudando a la reinserción social. FUNDEHUMAC en estos años ha garantizado a las comunidades en Magdalena una  atención personalizada, integral y continua, sin ninguna discriminación, facilitándoles el  acceso a los servicios que requieren, otorgando siempre grande valor y respeto a la dignidad humana.

Entre los servicios sociales y trabajos comunitarios, FUNDEHUMAC presta:

– Servicios de atención a personas en formación e inserción socio-laboral;

– Servicios de atención a infancia y familia: Prevención, diagnóstico y tratamiento para la protección de la infancia y soporte a la familia;

– Servicios de atención a la mujer: Información y atención psico-social para la mujer; atención social de urgencia para mujeres víctimas de violencia doméstica;

– Formación e inserción socio-laboral: asociacionismo de personas afectadas y de familiares  grupos sensibilizados;

– Servicios de acogida y atención social a desplazados y refugiados;

– Ofrece charlas y talleres que le permitan a pequeños empresarios para formar y concretizar a sus colaboradores en los objetivos y políticas que se requiera y realizar diagnósticos de las cálida des de los mismos, en cuanto a competencias laborales y sociales;

– Empodera a sus colaboradores  para el buen desempeño de sus actividades;

– Servicio de orientación y acompañamiento para quienes desea ser emprendedor o emprendedora de su propia iniciativa o unidad productiva;

– Talleres lúdico-pedagógicos: estrategias para que el juego, actividades manuales, recreativas y pedagógicas de forma indicada para facilitar la forma de transmitir mensajes;

– Encuentros juveniles: promueve  un clima de construcción grupal de los jóvenes constructores de paz en cada región identificada con el fin  de trabajar entorno  a iniciativas de Paz y Reconciliación.

Redepaz

Redepaz es la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra que articula las experiencias y prácticas que múltiples agentes sociales desarrollan en las dimensiones local, interlocal, regional y nacional. La misión de Redepaz es ampliar y consolidar el movimiento social por la Paz como iniciativa de poder ciudadano, con sentido político, cultural y ético, para la refundación de Colombia. Bajo el principio de una ética ciudadana de respeto por la vida y el tratamiento pacífico de los conflictos, Redepaz se compromete en la construcción de la Democracia social y económica que permita el acceso a la justicia sin recurrir a la guerra.

Redepaz articula procesos como el Movimiento Nacional de Mujeres Constructoras de Paz, el Movimiento de Niñas y Niños por la Paz, la Red de Jóvenes por el Desarme, la Coordinación Nacional de Asambleas Constituyentes Locales, el Movimiento de Madres por la Vida, las veedurías ciudadanas al proceso de reparación integral, entre otros.

Desde su nacimiento, Redepaz ha promovido en todos sus espacios el reconocimiento y el respeto de la mujer y ha promovido la perspectiva de género en todos sus procesos y proyectos, como espacios incluyentes y horizontales. En los últimos años, Redepaz asumió el fortalecimiento y construcción de un área de trabajo  denominada Mujer y Género, con el ánimo de hacer aún más visible el compromiso y la tenacidad de las mujeres colombianas por construir la Paz, que reconozca la perspectiva de género en espacios incluyentes y horizontales, y que vele por su empoderamiento como sujetos políticos en igualdad de condiciones, promoviendo y potenciando la incidencia desde una perspectiva de género en las políticas públicas locales, regionales y nacionales y la promoción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU – Mujeres, Paz y Seguridad.

Apoyo a las victimas del conflicto en el Magdalena por medio de capacitación para su empoderamiento.

Dentro del programa de Paz y Derechos Humanos, la UPD ha promovido la capacitación de los funcionarios y voluntarios de diferentes organizaciones que trabajan en este sector.

La capacitación de los actores se enfoca en el fortalecimiento de las competencias necesarias para la elaboración de estudios y presentación de propuestas proyectuales. El fortalecimiento de las capacidades de análisis es fundamentales para evaluar el potencial de desarrollo de las comunidades analizadas, comprender sus problemas e identificar el mejor programa de desarrollo que pueda beneficiar la comunidad. De esta manera se puede lograr un desarrollo que comience desde abajo, analizando los problemas de las comunidades y generando un proceso autónomo de identificación y solución de los problemas.

La capacitación de las ONGs y organizaciones comunitarias se encuentra necesaria para una proficua colaboración en proyectos internacionales, donde los requerimientos en términos de gestión del proyecto y monitoreo y evaluación son muy rígidos.

En el ámbito del programa Capacitación para el desarrollo, en 2016 UPD proporcionó capacitaciones gratuitas para 9 estudiantes de la facultad de Antropología de la Universidad del Magdalena, y 11 funcionarios de:

Asociación de Empesarios de Magdalena, Fundación Ecologa, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, SENA, Casa Indegena Santa Marta, Fundación Raices Italo-Colombianas, FUNDEHUMAC.

Apoyo al programa de Paz Transicional por medio del dialogo y del empoderamiento de sus actores

El Fondo de Justicia Transicional es un programa de promoción de la convivencia, un esfuerzo conjunto entre las instituciones colombianas y actores de cooperación internacional para impulsar procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación. Bajo este propósito el programa viene promoviendo un proceso de fortalecimiento territorial para la organización de víctimas. Para el departamento del Magdalena, en este proceso trabajan conjuntamente las organizaciones Fundehumac, Madres por la Vida y la comunidad Wiwa de Kemakumake, y la Unidad de Planificación y Desarrollo entre los partners de la comunidad internacional, quienes conforman el equipo.

El Fondo de Justicia Transicional tiene diferentes enfoques: es centrado en las víctimas y sus derechos (verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición), punta hacia el fortalecimiento de capacidades nacionales y territoriales, al desaprendizaje de la violencia y la promoción de cambios culturales en la población desmovilizada y la sociedad en general, y la reintegración con perspectiva comunitaria y de reconciliación.

Objetivo General

Favorecer las capacidades nacionales y territoriales para el fortalecimiento institucional, la  construcción de la paz y la promoción de la convivencia y la reconciliación, con énfasis en el sistema de justicia, el respeto a los derechos humanos y los derechos de las víctimas

Objetivos Específicos

Fortalecer las capacidades nacionales y territoriales para construir la convivencia pacífica sobre la base del reconocimiento de los derechos humanos, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la promoción de la reintegración social, económica y cultural de la población desmovilizada con un enfoque comunitario y diferencial. Con énfasis en mecanismos de justicia transicional, busca fortalecer el sistema de justicia colombiano, para que haga efectivo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y contribuya con la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia

Líneas temáticas

– Fortalecimiento de  organizaciones de víctimas

– Fortalecimiento de capacidades sociales e institucionales y gestión del         conocimiento

– Recuperación de la Memoria Histórica

– Acceso a la Justicia

– Comunicación y visibilización de los derechos de las víctimas

– Inclusión, reintegración y fortalecimiento del tejido social en contextos de conflicto, transición o postconflicto

 

Implementación de las actividades

Por lo anterior, se ha promovido un espacio de trabajo con las víctimas de violencia para elaborar un documento de propuestas de las organizaciones de víctimas y/o acompañantes de víctimas para adelantar procesos de construcción de la paz territorial.

Los temas tratados fueron los 8 ejes temáticos de La ley 1448

Desaparación forzada

Resultados con las instituciones: Brigadas móviles para hacer declaraciones de personas desaparecidas;

Aportes: Acompañamiento a las víctimas en las rutas establecidas, visualización de casos en municipios;

Proteción, auto-proteción

Talleres y capacitaciones de Fundehumac, REDEPAZ, PNUD.

Violencia sexual dentro del conflicto armado

Talleres y capacitaciones de Fundehumac, REDEPAZ, PNUD.

Gestión y ejecución de proyectos

Gestionar: Una granja agrícola, creación de un centro psicosocial para las víctimas con funcionarios idóneos, patios productivos, criaderos de cerdos, proyectos productivos.

Tierra y territorios

Actividades de socialización de la existencia de la oficina de restitución tierras para las declaraciones y la inscripción al proceso de restitución tierras

Liderazgo

Talleres y capacitaciones de Fundehumac, REDEPAZ, PNUD.

Veedurias ciudadanas

Capacitaciones sobre las veedurías ciudadanas

Desplazamiento forzado

Resultados: Ayudas humanitarias, gestión de ingresos, emprendimiento, fortalecimiento de negocio y subsidio de vivienda, capacitación a las víctimas en distintas áreas;

Aportes: conversión de los actores en líderes, multiplicadores y asesores en los procesos de desplazamiento forzado, dando acompañamiento a los familiares (atención psicológica)

 

Desde el 2009, se viene trabajando en el seguimiento y acompañamiento de los desplazados y a partir del 2011, con las víctimas de violencia. Desde esta fecha se han realizado seis encuentros tri-partitas entre víctimas, comunidades indígenas, instituciones y entidades internacionales. También se han realizados acuerdos conjuntamente para el trabajo a favor de las víctimas de la violencia en los territorios de Santa Marta, Cienaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera.

 

Creación de redes para la elaboración de estrategias de apoyo comunitario

La Unidad de Planificación y Desarrollo suporta las estrategias reconciliación y compensación desarrolladas dentro del proceso de paz, y trabaja para sensibilizar y ampliar el apoyo institucional a las actividades establecidas. Para lograr una más amplia convergencia de intereses para la implementación de estrategias compartidas, la UPD se relaciona a otras instituciones presentes en el territorio.

En este contexto, la UPD apoya las actividades de la Unidad para las Victimas en su trabajo con las ONGs en el Magdalena. La Unidad para las Victimas tiene como enfoque estratégico acercar el Estado a las víctimas mediante coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación.

El Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social. El SENA es una institución fundamental para la capacitación técnica de las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente en las zonas rurales.

La Asociación de Empresarios del Magdalena (AEM) es una iniciativa del sector productivo privado, que busca aunar esfuerzos entre los principales 45 grupos económicos en la región, para el desarrollo del territorio del Magdalena y del Distrito de Santa Marta. Las actividades del AEM se centran en la propiciación de una mayor competitividad del sistema económico departamental, potenciando el capital humano y generando nuevas oportunidades económicas en el territorio.

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